La revocación, el INE y la Corte

0
515

El 25 de diciembre vence el plazo para reunir 2 millones 758 mil firmas que representan el 3% del listado nominal de electores, en cuando menos diecisiete entidades federativas para que el INE pueda convocar al proceso de revocación de mandato y, aunque hace apenas semana y media no parecía fácil que se alcanzara el mínimo requerido, en tan sólo unos días entregaron cajas con 2 millones de firmas adicionales a las que se habían recabado mediante la aplicación por lo que, a reserva de la revisión y validación que realice el INE es muy probable que ésta se lleve a cabo.

No obstante, lo cierto es que se está desvirtuando este mecanismo de democracia participativa ya que a pesar de ser un derecho de quienes consideran que el presidente debe concluir anticipadamente el periodo para el que fue electo por haberle perdido la confianza, desde el oficialismo se ha desplegado una campaña para promover la ratificación del presidente López Obrador  a fin de que se quede hasta el término de su mandato -como si se pretendiera algo distinto- utilizando para ello las estructuras partidistas y, no es difícil pensar que también a empleados gubernamentales y a los programas sociales. De hecho, el TEPJF avaló recientemente la suspensión de la difusión de promocionales de las asociaciones civiles “Que siga la democracia” y “Que siga el presidente” integradas por personas vinculadas con la 4T en los que se invita a apoyar la ratificación de mandato, al confundir a la población sobre la naturaleza de la figura de revocación, y contravenir el derecho al sufragio libre e informado.

Estamos pues ante una estrategia propagandística engañosa con el propósito de movilizar a sus bases y concitar el apoyo al presidente frente a una “amenaza” inexistente que quizá le podrá redituar políticamente, pero resultará sumamente costosa por innecesaria, lo cual es criticable particularmente en tiempos de pandemia y con tantas necesidades que atender.

También se trata de una coartada para seguir arremetiendo contra el Instituto Nacional Electoral. Por un lado, se le impone la obligación de organizar los procesos de consulta popular y revocación de mandato -que se suma a las múltiples atribuciones adicionales que le han ido asignando a través de las últimas dos reformas electorales de 2007 y 2014-, al tiempo que la mayoría gobernante le niega los recursos necesarios para que se puedan materializar estos derechos ciudadanos.

-Publicidad-

En la aprobación del PEF 2022, la Cámara de Diputados determinó recortar 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto solicitado por el órgano electoral (26%) sin mediar un análisis y discusión seria, poniéndolo en una situación por demás complicada ya que a pesar del ajuste presupuestal que realizaron por mil 500 millones de pesos -para lo cual tuvieron que cancelar diversos proyectos-, todavía le faltan aproximadamente 2 mil 300 millones para poder organizar el proceso de revocación de mandato en los términos establecidos por la legislación federal, que implica instalar 161 mil casillas y sortear 12 millones de ciudadanas y ciudadanos al igual que en la pasada elección federal.

Es decir, intencionalmente colocaron al INE en una encrucijada que ya están aprovechando para acusarlo de pretender boicotear la revocación de mandato e incumplir con un mandato constitucional -no se debe perder de vista que tiene también muchas otras obligaciones constitucionales que no puede dejar de cumplir-, y que puede detonar una seria crisis institucional, por lo que no le dejaron otro camino que recurrir a la Corte quien deberá resolver esta delicada controversia -esperemos que cuanto antes- ya sea ordenando que se le otorguen los recursos necesarios para su organización, o abriendo la posibilidad de que se busquen alternativas que permitan su realización como ocurrió con la consulta popular de este año.


There is no ads to display, Please add some

Deja un comentario