Mientras Morena camina a la baja en las preferencias electorales, arrastrada por escándalos de todo tipo, el PAN y el PRI parecen mejorar sus posibilidades de cara a los comicios de 2027. Sin embargo, este escenario podría ser un espejismo si el análisis se limita a las cifras de las encuestas o a la fotografía de la elección más reciente.
Si nos atenemos a los estudios de opinión, la tendencia es clara. El rechazo ciudadano a la ostentación de lujos que los propios morenistas presumen en redes sociales, sumado a las investigaciones en Estados Unidos contra gobernantes y legisladores oficiales, ha mermado la intención del voto para el partido del Gobierno. En consecuencia, retener las 13 gubernaturas que se renovarán en 2027 no será una tarea sencilla, como tampoco lo será mantener la mayoría en la Cámara de Diputados.
A este panorama se añade el resultado de Coahuila el pasado 7 de junio, donde el PRI se alzó como el gran ganador al arrebatarle a Morena y al PAN los 16 distritos electorales en disputa. Aunque las encuestas sugieren que Acción Nacional posee amplias posibilidades de retener los gobiernos estatales de Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro, el fenómeno de Coahuila exhibe que el blanquiazul arrastra serias deficiencias en sus estructuras locales.
Por su parte, el PRI intenta revalorizarse con el triunfo de junio y apuesta por una estrategia dictada desde su dirigencia nacional para volver a ser tomado en cuenta por una fracción del electorado. No obstante, es aquí donde el análisis de no pocos comentaristas suele contaminarse de deseos particulares. Muchos sectores anhelan la salida de Morena de la presidencia y del Congreso; por ello, sobredimensionan los sondeos que muestran la caída oficialista, pero omiten ponderar aquellos estudios que todavía sostienen al partido del Gobierno en el primer lugar de las preferencias.
Si bien la imagen de Morena está dañada por la conducta de sus militantes y los señalamientos de complicidad con el crimen organizado, no se debe ignorar que el partido mantiene una sólida maquinaria estatal en la mayor parte del país. Esta estructura le garantiza un voto duro cimentado, principalmente, en los beneficiarios de programas sociales; un capital que ayuda en las urnas, aunque ya no sea suficiente para asegurar victorias contundentes.
Irónicamente, la oposición misma oxigena la causa morenista. El rechazo mutuo a consolidar una alianza formal es un factor que debilita sus opciones. Además, el PRI comienza a resentir los embates judiciales de Estados Unidos, luego de que el gobernador de Durango fuera vinculado a investigaciones en ese país. El PAN tampoco está exento de escándalos: el caso del alcalde de Metepec demuestra que el blanquiazul padece de los mismos males, y su incapacidad para capitalizar los errores de Morena evidencia su falta de brújula.
Lo único certero en el escenario electoral mexicano es que la competencia real ha vuelto. Los tres partidos principales continuarán cargando con el lastre de sus propios escándalos, y el manejo que hagan de sus respectivas crisis determinará quién sobrevive a la fiscalización de las redes sociales y a las presiones del vecino del norte.
Morena corre el riesgo de pagar el costo más alto debido a la acumulación de polémicas, errores de gestión, revelaciones de corrupción y una pésima política de comunicación que se escuda en el gastado discurso del complot. La oposición tiene frente a sí una oportunidad inmejorable para recuperar terrenos perdidos, pero si desde 2018 ha sido incapaz de estructurar una estrategia que convenza al electorado desencantado, el panorama para 2027 se vislumbra sumamente cuesta arriba.
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