Dos asesinatos de figuras políticas en Oaxaca el mismo fin de semana de junio de 2026 han reavivado el debate sobre la violencia política en México. El 13 de junio, Joel Bravo Martínez, alcalde panista de San Miguel Amatitlán, fue asesinado a balazos al interior o al salir de su domicilio. Semanas antes, el edil había solicitado protección al gobierno estatal tras advertir amenazas contra su vida.
El mismo periodo, el 12 de junio, Isela Lizbeth González López, asambleísta estatal del PRD y contadora de profesión, fue acribillada en las calles de la colonia El Porvenir, en Santiago Pinotepa Nacional, mientras se trasladaba en motocicleta. El ataque ocurrió en presencia de familiares y sin reportes iniciales de detenidos.
Estos hechos, ocurridos en regiones distintas del estado, subrayan la vulnerabilidad de autoridades locales y representantes partidistas. Oaxaca ha registrado históricamente altos índices de violencia contra ediles y políticos, con disputas por el control territorial, rutas de narcotráfico y conflictos intercomunales que agravan el panorama. Organizaciones opositoras y analistas señalan que la protección a servidores públicos resulta insuficiente, cuestionando la efectividad de los mecanismos federales y estatales.
El PAN condenó el homicidio de Bravo Martínez y exigió una investigación exhaustiva, destacando que el alcalde ya había alertado sobre riesgos. El PRD lamentó el asesinato de González López y demandó esclarecimiento con perspectiva de género, ante el contexto de feminicidios en la entidad. Por su parte, el Gabinete de Seguridad federal informó coordinación con el gobierno de Oaxaca, desplegó operativos y afirmó que “no habrá impunidad”.
Desde la perspectiva oficial, estos casos forman parte de un problema estructural heredado, con avances en la reducción general de homicidios dolosos reportados en conferencias matutinas. Sin embargo, críticos de diversos partidos argumentan que el discurso presidencial minimiza la persistencia de la violencia selectiva contra opositores y funcionarios locales, especialmente en entidades con fuerte presencia de grupos criminales. Expertos en seguridad advierten que la impunidad y la debilidad institucional alimentan un ciclo que trasciende colores partidistas.
El doble asesinato genera polémica al evidenciar fracturas: mientras unos enfatizan la necesidad de mayor coordinación intergubernamental y recursos para protección, otros demandan un replanteamiento estratégico que atienda causas profundas como la infiltración del crimen organizado en municipios. La falta de avances rápidos en las investigaciones podría intensificar reclamos de responsabilidad por parte de autoridades estatales y federales.
Estos eventos ocurren en un contexto de preparación para procesos electorales locales, donde la seguridad de candidatos y funcionarios se vuelve prioritaria. La sociedad oaxaqueña y nacional observa si las respuestas institucionales logran romper el patrón de violencia que afecta la democracia en regiones vulnerables.
