El asunto de Cabeza de Vaca

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Morena está utilizando el asunto de Cabeza de Vaca con pretensiones efectistas de cara al proceso electoral, y como una caja china para desviar la atención de la opinión pública sobre otros temas de enorme relevancia nacional.

Para nadie es un secreto que Morena está cayendo en las preferencias electorales. Así lo señalan la mayoría de las encuestas, y así se percibe en el ambiente.

Quizá obedezca al efecto de la tragedia del Metro capitalino, quizá a los muchos desfiguros de gran parte de sus candidatos, o quizá a la larga lista de errores, omisiones y tropelías del gobierno federal, pero es un hecho que las preferencias que traía al inicio de la campaña han ido a la baja.

Ante este escenario, el presidente está echando mano de todos los instrumentos a su alcance, legítimos o no, para contener esa caída. Es en ese contexto en el que se inscribe el asunto del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

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El problema es que, para lograr el propósito de dar un golpe mediático con su detención, se han brincado todas las leyes aplicables.

Para empezar, es preciso aclarar que el gobernador no ha perdido su fuero, por lo que, en este momento su captura devendría totalmente arbitraria.

Para retirar el fuero a un gobernador acusado de delitos federales, es menester que así lo resuelvan tanto la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (que así lo hizo), como el Congreso estatal (que lo rechazó).

En ese sentido, no se completó el proceso de desafuero que se exige constitucionalmente para un caso como este.

El ministro José Luis González Alcántara Carrancá, explicó esto cuando desechó la controversia constitucional que había promovido la legislatura local.

El ministro es impecable al señalar que no ha lugar a admitir la controversia porque en el caso no hubo la invasión competencial que el Congreso local suponía que ocurriría por parte de la Cámara de Diputados. El ministro aclara que, dado que la Cámara de Diputados declaró el desafuero solo para efectos de comunicárselo a la legislatura local “para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponde”, en todo momento respetó el ámbito de atribuciones local; tanto así, que a nivel local se rechazó el desafuero, lo que implica que el gobernador siga en su puesto y solo se le pueda formar causa cuando termine su mandato en octubre de 2022.

Pero como las actuales autoridades federales no entienden de resoluciones, ni de leyes, ni de derechos, ni de federalismo, ni de nada, piensan que la declaración de la Cámara de Diputados por sí sola les permite capturar al gobernador.

Conociendo a la 4T, no dudo que le quieran aprehender, pero ello sería -insisto- absolutamente ilegal, aún cuando un juez a modo les haya obsequiado la orden de captura.

De hecho, están a un tris, de incurrir en un delito, ya que el Código Penal Federal establece en su artículo 225, fracción XIX que “Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes: XIX. Abrir un proceso penal contra un servidor público, con fuero, sin habérsele retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por la ley.”

Para colmo, el delito por el cual la Cámara de Diputados, por su parte, declaró el desafuero, es única y exclusivamente el de defraudación fiscal, esto, por no haber pagado a tiempo los impuestos por la venta de un departamento, sin embargo, la Fiscalía solicita la orden de aprehensión por otros dos delitos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que en la venta participaron otros familiares, lo que presenta una nueva duda, ¿puede la Fiscalía acusar a un desaforado (suponiendo que lo fuere), de otros delitos por los cuales no se le desaforó? La ley no es clara, pero hay una analogía posible: en los casos de extradición, el imputado no puede ser acusado de delitos adicionales a aquellos por los cuales el Estado que lo entregó, aprobó esa extradición.

Pero el hecho es que la Fiscalía agregó estos delitos para que el gobernador no tuviera la posibilidad de la libertad bajo caución, ya que respecto de estos nuevos delitos opera la prisión preventiva oficiosa, y lo que quieren es el impacto de que se le vea pronto tras las rejas. Lo que importa es la foto, durante la campaña.

Lo que está claro a todas luces pues, es el afán político electoral que subyace a todo este asunto que ya raya en el absurdo.

A ver si al final del día no le pasa a Cabeza de Vaca lo que en su momento le ocurrió a López Obrador, que con el desafuero lo catapultaron como candidato a la presidencia de la República.


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