- Adelantar el fin del ciclo escolar afectará a más de 23.4 millones de estudiantes al reducir aún más el tiempo efectivo de aprendizaje, en un contexto de rezago educativo y crecientes desigualdades.
- 7.2 millones de familias enfrentarán seis semanas adicionales fuera de las aulas sin una estrategia clara de cuidados ni de reforzamiento educativo para niñas, niños y adolescentes.
- Sólo 5 de cada 10 estudiantes pueden identificar información clave en un texto y apenas 3 de cada 10 pueden usar matemáticas para resolver problemas, según Aprender Parejo de México Evalúa
Adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio, en medio de una profunda crisis educativa, envía una señal preocupante sobre las prioridades del sistema educativo mexicano. La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP), justificada por la ola de calor y la realización del Mundial de Fútbol, reducirá aún más el tiempo efectivo de aprendizaje para 23.4 millones de estudiantes.
Esto ocurre en un contexto en el que, de acuerdo con la iniciativa Aprender Parejo de México Evalúa, sólo la mitad de las y los estudiantes logra identificar información relevante en un texto y únicamente 3 de cada 10 pueden utilizar las matemáticas para resolver problemas. Reducir el tiempo en las aulas, en medio de una crisis de aprendizajes, profundiza los riesgos que afectan especialmente a quienes ya enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
Además, persisten aspectos relevantes del anuncio que aún no han sido aclarados. Por ejemplo, la tercera evaluación trimestral estaba prevista entre el 8 y el 14 de junio; sin embargo, con el cierre de clases el 5 de junio, no se ha informado cómo se acreditará este periodo ni cuál será el impacto en las boletas y la promoción al siguiente grado. A esto se suma que mayo, el último mes efectivo de clases, ya contempla múltiples suspensiones oficiales.
Las altas temperaturas representan, en efecto, un riesgo para las comunidades escolares, lo que justifica adoptar medidas de protección. Sin embargo, la decisión de adelantar en seis semanas el fin del ciclo escolar requiere un sustento técnico que hasta ahora no ha sido hecho público. La autoridad educativa debe brindar mayor claridad respecto de los criterios, diagnósticos y consideraciones que sustentan esta decisión. En particular, es importante conocer cómo se garantizará el cumplimiento de las metas del plan y de los programas de estudio, así como el impacto que podría tener en las dinámicas familiares y en el cuidado de las niñas, niños y adolescentes durante este periodo fuera de las aulas.
En el ciclo escolar actual, el tiempo de aprendizaje ya se encontraba afectado por suspensiones, días festivos y paros magisteriales. Hasta el 15 de julio quedaban 45 días efectivos de clase. Al acortar el ciclo escolar en seis semanas, únicamente restan 17 días de clase efectiva.
Para muchas niñas, niños y adolescentes, la escuela representa el principal espacio de aprendizaje, convivencia y protección. Reducir los días de clase profundiza las desigualdades educativas.
Millones de familias trabajadoras deberán resolver de manera improvisada el cuidado de sus hijas e hijos durante seis semanas adicionales fuera de las aulas —muchas veces sin redes de apoyo ni recursos suficientes para pagar actividades o cuidados adicionales—. En un país donde gran parte de los hogares depende de jornadas laborales extensas y en el que las tareas de cuidado recaen desproporcionadamente sobre las mujeres, esta decisión traslada costos y cargas adicionales. El anuncio tampoco se ha acompañado de propuestas que ofrezcan una alternativa de protección y reforzamiento de los aprendizajes en el hogar.
En resumen, la medida terminará por limitar aún más la posibilidad de que el sistema educativo cumpla con su función primaria como política de movilidad social.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la conclusión anticipada del ciclo escolar afectará potencialmente a 7.2 millones de hogares monoparentales, que representan el 23.5% de los entornos familiares del país. No está de más señalar que 8 de cada 10 están encabezados por mujeres, quienes destinan el 64.8% de su tiempo de trabajo no remunerado a tareas de cuidado. Esta situación podría incrementar aún más la carga que enfrentan al conciliar sus responsabilidades laborales con el cuidado y el acompañamiento de niñas y niños en casa.
La decisión refleja una preocupante falta de prioridad para el aprendizaje y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. México debería estar discutiendo cómo recuperar aprendizajes y fortalecer la calidad educativa, no cómo reducir aún más el tiempo en las aulas.
Ante este escenario, desde México Evalúa consideramos fundamental que la SEP acompañe esta medida con acciones concretas para mitigar sus impactos educativos y familiares. Entre ellas:
- Transparentar los criterios que sustentaron la decisión.
- Implementar estrategias de recuperación de aprendizajes que permitan compensar la reducción del tiempo efectivo de clases, más allá de las dos semanas de fortalecimiento académico anunciadas por la autoridad educativa federal, respecto de las cuales aún no se ha precisado si serán obligatorias antes del inicio del próximo ciclo escolar.
- Coordinar apoyos y alternativas para las familias trabajadoras durante el periodo adicional fuera de las aulas.
- Fortalecer los mecanismos de evaluación educativa que permitan dimensionar con claridad los rezagos que enfrentan las y los estudiantes en el país.
México necesita avanzar hacia una política educativa que ponga en primer lugar el aprendizaje y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Es fundamental fortalecer el tiempo efectivo de enseñanza, acompañar a las familias y generar las condiciones para un sistema educativo que esté a la altura de lo que el país necesita y que permita sentar las bases de un desarrollo inclusivo.
