El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal por narcotráfico y asociación delictuosa contra varios funcionarios de Sinaloa, militantes de Morena. Los cargos incluyen la importación de narcóticos y el uso de armamento pesado, vinculando estas actividades con la supuesta intervención del Cártel de Sinaloa en las elecciones estatales de 2021.
La lista de señalados es extensa: el gobernador Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas. También figuran mandos de seguridad y procuración de justicia como Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general; Marco Antonio Almanza Avilés, jefe de la Policía de Investigación; y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, junto a otros mandos operativos conocidos por alias como «Cholo», «Tornado» y «Juanito».
Esta situación representa una de las crisis más profundas en la joven historia de Morena. No obstante, la respuesta del partido oficialista ha sido la habitual: el repliegue y la defensa corporativa mediante desplegados de apoyo a sus cuadros cuestionados.
Aunque se trata de una coyuntura ideal para que la oposición arrincone al partido en el poder, los líderes de los sectores contrarios no aprovecharon el momento. El día en que se difundieron las acusaciones, sus mensajes en redes sociales carecieron de la contundencia necesaria.
Jorge Romero, presidente nacional del PAN, se encontraba casualmente en Sinaloa, pero su actividad se limitó a tres mensajes. Uno fue el reenvío de un boletín institucional y los otros dos fueron peticiones breves a la presidenta Sheinbaum bajo la etiqueta #RompaElPacto. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), exigió un deslinde inmediato del Gobierno federal respecto a Rocha Moya, aunque priorizó en sus redes el anuncio de la incorporación de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, a su partido.
Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, fue quien mostró mayor agresividad política. En emisiones de Atypical TV y ADN40 calificó a Morena como un «narco partido» y recordó en la red social X que su sector había advertido sobre la situación en Sinaloa durante años. Moreno exigió la renuncia inmediata del gobernador, señalando que el Gobierno federal simplemente «cerraba los ojos» ante los hechos.
Sin embargo, estos esfuerzos fueron aislados. La mayoría de los mensajes opositores se alternaron con actividades triviales, labores partidistas de rutina o, en el caso de Romero Herrera, felicitaciones de cumpleaños a correligionarios.
La oposición no inundó el ecosistema digital ni coordinó a sus voceros en medios de comunicación para amplificar el golpe de la justicia estadounidense e influir en la opinión pública. Si los partidos contrarios a Morena no capitalizan este tipo de fracturas que ofrecen réditos electorales directos, queda la duda de si serán capaces de reaccionar para la campaña de 2027.
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