El 12 de agosto de 2026, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó desde Palacio Nacional un mapa de lo que llamó «ecosistema digital» de críticos al gobierno: cuatro capas que incluyen medios, «comentócratas», personajes políticos y cuentas de ataque, con nombres propios como Carlos Loret de Mola, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Lourdes Mendoza y Héctor de Mauleón, además de medios como El Universal, ADN 40, Latinus y Aristegui Noticias, y opositores como Alito Moreno, Jorge Romero, Alessandra Rojo de la Vega, Lilly Téllez, Vicente Fox y Felipe Calderón. El ejercicio no ocurre en el vacío discursivo: cinco años antes, la hoy presidenta calificó públicamente la elaboración de listas contra opositores como una práctica emparentada con el macartismo y el nazismo, prácticas que dijo definían a quienes clasifican adversarios por su disidencia.
La contradicción no pasó inadvertida. La reaparición de aquel video de 2021 coincidió, casi hora por hora, con la exposición de Alcalde, lo que generó de inmediato comparaciones entre el discurso opositor que Sheinbaum sostuvo entonces y el ejercicio de clasificación de cuentas y medios que su propio gobierno realizó esta semana. Hasta el cierre de esta nota, ni la mandataria ni su equipo de comunicación habían salido a explicar la distancia entre ambos episodios.
Las reacciones políticas fueron inmediatas y de un espectro amplio. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que el gobierno tiene que aguantar la crítica, sea dura o incómoda, y que el aparato de Estado no puede usarse para ajustar cuentas con ciudadanos. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, fue más incisiva: señaló que quienes pasaron años denunciando el autoritarismo terminaron haciendo listas de sus propios críticos. El coordinador priista en San Lázaro, Rubén Moreira, llegó a comparar la práctica con regímenes autoritarios del siglo XX. Del otro costado, periodistas como Sergio Sarmiento resumieron el fenómeno con ironía: los periodistas son presentados como villanos según la narrativa oficial.
Aquí es donde el análisis debe evitar la trampa de la equivalencia simplista. El gobierno sostiene una tesis distinta: que no se trata de una lista de perseguidos, sino de la descripción de un fenómeno de manipulación algorítmica. Según la exposición oficial, el «ecosistema» identificado abarca más de 560 mil cuentas agrupadas en un anillo de amplificación, con una capa de 34 perfiles catalogados como cuentas de ataque, bloqueo anónimo y trolls que generaron alrededor de 213 mil publicaciones. Sheinbaum ha enmarcado el fenómeno en un discurso más amplio, al sostener que existe una articulación política y mediática entre grupos conservadores de México, Estados Unidos, España y Argentina orientada a desgastar a los gobiernos de izquierda de la región. Es una hipótesis legítima de estudiar: las campañas de desinformación coordinada existen y merecen análisis serio. El problema no es identificar el fenómeno, sino qué institución lo hace, con qué método verificable y con qué consecuencias para quienes aparecen señalados por su nombre y cargo desde el escritorio del poder.
Y aquí emerge la pregunta que la propia coyuntura no resuelve: si el gobierno exhibe simultáneamente el cariño multitudinario de sus actos públicos y una aprobación que, según distintas casas encuestadoras, se ha movido en las últimas semanas entre el 55 y el 67 por ciento, ¿qué urgencia estratégica explica destinar un espacio de la mañanera a nombrar, uno por uno, a periodistas y opositores? La pregunta no es retórica ociosa: toda administración que se asume respaldada por una mayoría amplia normalmente puede permitirse ignorar a sus críticos sin que ello erosione su base. Cuando, en cambio, se opta por clasificar, nombrar y exhibir a quienes disienten, el mensaje que se envía —independientemente de la intención declarada— no es de fortaleza, sino de vigilancia.
La tensión de fondo no es nueva en la historia política mexicana: ningún gobierno, de ningún signo ideológico, ha logrado sostener con comodidad absoluta el ejercicio de la crítica periodística sin ceder, en algún momento, a la tentación de identificar a sus adversarios. Lo distintivo de este episodio es que ocurre bajo una administración que construyó buena parte de su legitimidad discursiva denunciando precisamente esa práctica en el pasado.
¿Puede un gobierno exigir memoria histórica sobre el autoritarismo ajeno mientras administra el olvido sobre sus propias palabras?
#QueMeAnotenEnLaLista pic.twitter.com/8qPsSEejlz
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 24, 2021
