Un expediente judicial puede acabar con una candidatura incluso antes de iniciar el proceso electoral. Ocurre lo mismo con la revelación de propiedades que no corresponden a los ingresos del aspirante, fotografías junto a presuntos criminales, denuncias que apuntan a la comisión de delitos o la exhibición de un estilo de vida ajeno a la realidad del país.
En Morena lo saben bien, tanto por la experiencia de candidaturas fallidas como por lo que han vivido en carne propia. De lo primero, destaca el caso de Clara Luz Flores en su aspiración a la gubernatura de Nuevo León, cuya campaña se derrumbó tras revelarse su participación en la secta NXIVM; de lo segundo, la exposición en redes sociales de viajes al extranjero, ropa y joyería de lujo por parte de militantes provocó una caída en sus preferencias electorales.
Por ello, no resulta extraño que los propios morenistas busquen modificar o crear leyes para restringir la difusión de contenidos sobre estos temas. Lo hacen mediante un recurso que evidencia el tamaño de su preocupación: una redacción ambigua que permite sancionar prácticamente cualquier publicación.
Los nuevos lineamientos «para la protección de las audiencias» —en discusión— obligarían a la radio y la televisión a no difundir información «descontextualizada». El problema es que la norma no define qué significa descontextualizar, qué omisiones son relevantes ni cuándo una selección editorial se convierte en una infracción sujeta a multa o al retiro de contenidos.
Esta postura coincide con lo reconocido por la presidenta Claudia Sheinbaum durante una de sus conferencias matutinas en Palacio Nacional, al admitir que su gobierno no otorga publicidad oficial a medios críticos como TV Azteca, Latinus, Reforma o El Universal. En cambio, periódicos como La Jornada o creadores de contenido afines al partido reciben estos recursos sin importar sus niveles de audiencia o lectura.
Exhibir irregularidades, presuntos actos de corrupción o incongruencias patrimoniales se traduce en la exclusión de la pauta publicitaria. Se castiga el periodismo crítico porque se conoce su impacto electoral adverso; la apuesta del oficialismo es fortalecer únicamente a los medios que replican su discurso.
Vivimos una disputa abierta por el control de la información. Ya que una noticia desfavorable puede costar una elección, la estrategia oficial apunta a prevenir su difusión a toda costa.
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