La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció a favor de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias impulsados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. El organismo defensor sostuvo que estas disposiciones fortalecen la democracia, la rendición de cuentas y el derecho a la verdad en México, al tiempo que rechazó tajantemente que representen un intento de censura o represión gubernamental hacia los medios de comunicación.
A través de un pronunciamiento oficial, la institución señaló que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público que debe administrarse bajo principios de equidad, eficiencia e interés público. En ese sentido, enfatizó que las empresas concesionarias de radio y televisión tienen una responsabilidad social que debe trascender la lógica mercantil para garantizar el acceso ciudadano a información veraz, plural y libre de discriminación o discursos de odio.
El organismo enfatizó que el debate sobre las garantías a la libertad de expresión se ha centrado históricamente en quienes emiten mensajes y no en quienes los reciben. Por ello, consideró que los nuevos criterios buscan saldar una deuda histórica con la ciudadanía al reconocer formalmente su derecho a recibir noticias claramente identificadas, contextualizadas y respetuosas de la dignidad humana. La postura institucional subraya que garantizar estos aspectos no limita el ejercicio periodístico, sino que busca un equilibrio necesario dentro del sistema democrático.
Asimismo, la entidad precisó que las normas sometidas a consulta pública no facultan a la autoridad administrativa para convertirse en juez de la verdad ni para intervenir en las decisiones editoriales o fijar posturas ideológicas. Tampoco se contemplan sanciones para persecución del periodismo de investigación o del disenso político. La propuesta busca dinamizar mecanismos que ya existen en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión desde el año 2014, tales como la Defensoría de las Audiencias y el derecho de réplica.
En su argumentación, el organismo citó el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la radiodifusión es un servicio público de interés general y prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada de forma engañosa como periodismo informativo. La institución puntualizó que la libertad de expresión no ampara la difusión deliberada de mentiras, bulos o contenidos pagados que pretendan hacerse pasar por noticias neutrales.
Al hacer un recuento histórico sobre el papel de la prensa en el país, el pronunciamiento refirió cómo la concentración mediática y la manipulación sirvieron en el pasado para consolidar narrativas autoritarias y estigmatizar a movimientos sociales. Concluyó que una democracia sólida requiere de medios de comunicación libres pero plenamente responsables, capaces de contribuir a la formación de una ciudadanía crítica, consciente e informada.
