Maru Campos, gobernadora de Chihuahua por el PAN, enfrenta una citación del Senado para comparecer por la presencia de agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio en Ciudad Juárez. El hecho, revelado esta semana, desató controversia al filtrarse videos de agentes estadounidenses en territorio mexicano, supuestamente coordinando con el Ejército Mexicano. La mandataria defiende la acción como exitosa, con decomiso de precursores químicos y detenciones, y argumenta que la participación castrense invalida críticas por no informar directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Morena califica el episodio como violación a la soberanía nacional. Senadores como Napoleón Gómez Urrutia impulsan la comparecencia, alegando opacidad en un estado gobernado por la oposición. Critican que Campos priorizó colaboración externa sobre protocolos internos, avivando temores de injerencia yanqui en seguridad pública. Sin embargo, la gobernadora replica que el operativo fue federal, con su rol limitado a apoyo logístico, y acusa al Senado de exceder atribuciones, ya que la revisión de operativos no compete a esa cámara.
La defensa de Campos enciende polémica al vincular la citación con electoralismo. Señala que Morena busca desestabilizarla de cara a las elecciones de gobernador en 2027, donde el PAN defiende su bastión chihuahuense. Refuerza su posición recordando la propuesta del panista Ricardo Anaya: invitar también a Rubén Rocha Moya (Sinaloa, Morena) y Marina del Pilar Ávila (Baja California, Morena), acusados de nexos con el crimen organizado por reportes de violencia y presuntos pactos. Anaya argumenta equidad: si Chihuahua rinde cuentas por CIA, Sinaloa y Baja California deben por presuntas colusiones con cárteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Opositores al PAN contrarrestan con datos: Chihuahua registra altos índices de feminicidios y extorsiones, sugiriendo negligencia estatal que justificaría escrutinio federal. Analistas independientes destacan el doble rasero: mientras Morena denuncia «espías gringos», ignora reportes de la DEA sobre corrupción en sus feudos. La participación del Ejército, confirmada por la Sedena, debilita la queja de omisión a Sheinbaum, pero genera indignación por la aparente cesión de soberanía a Washington, evocando fantasmas del «México narco-colonizado».
Este choque invita a la ira: ¿es la citación legítima fiscalización o maniobra revanchista? Morena arriesga hipocresía al esquivar comparaciones, mientras PAN explota el tema para exponer inconsistencias. En un país con 30 mil homicidios anuales, la politización de la seguridad pública agrava divisiones, postergando soluciones reales.
