Este domingo 7 de junio de 2026, el Partido Acción Nacional dio un paso político sin precedentes en la historia reciente de México: Acción Nacional presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y diversas organizaciones criminales para que se investiguen las posibles responsabilidades penales individuales derivadas de los pactos político-criminales que se implantaron y expandieron en México. La acción, encabezada por el dirigente nacional Jorge Romero, inaugura un frente de confrontación que trasciende los pasillos del Congreso y eleva la disputa política al plano del derecho internacional.
Los argumentos del PAN
La denuncia señala posibles delitos de lesa humanidad reflejados en más de 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y amplias regiones del país bajo el control de los cárteles del narcotráfico. Para el partido blanquiazul, estas cifras no son producto de circunstancias fortuitas. Germán Martínez, legislador del PAN, sostuvo que esta tragedia no es producto de la casualidad, sino consecuencia de una decisión política perfectamente sistematizada, calculada antes de llegar al poder y después de tomar el poder.
El sustento estadístico tiene respaldo parcial en fuentes académicas. Un estudio elaborado por el Colegio de México ubica al sexenio de López Obrador con el mayor número de homicidios en las últimas décadas: entre 2019 y septiembre de 2024, el número de homicidios fue de 193 mil 377, mientras que en la presidencia de Enrique Peña Nieto fue de 156 mil 387.
La denuncia también cuestiona la viabilidad de obtener justicia en el país. El PAN sostuvo que en México ya no existen las condiciones para confiar en que estos hechos serán investigados con plena independencia, porque las fiscalías han perdido autonomía y el Poder Judicial habría sido capturado políticamente por Morena. Es precisamente este argumento el que convierte la denuncia en un arma de doble filo: si las instituciones mexicanas son inoperantes para juzgar al expresidente, la pregunta que surge naturalmente es por qué el PAN no impulsó reformas más contundentes al sistema de justicia cuando gobernó el país durante doce años consecutivos.
El terreno jurídico: más simbólico que vinculante
Desde el punto de vista del derecho internacional, la denuncia enfrenta obstáculos considerables. La Corte Penal Internacional tiene competencia para conocer crímenes de lesa humanidad, pero su jurisdicción es complementaria: solo actúa cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo genuinamente. Presentar una denuncia ante la CPI no garantiza ni la apertura de una investigación formal ni, mucho menos, una orden de aprehensión. El proceso puede extenderse durante años sin resultados concretos, lo que convierte el anuncio en un gesto con mayor carga política que jurídica —al menos en el corto plazo.
La ONU define los crímenes de lesa humanidad como actos atroces que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, esclavitud y violencia sexual, entre otros. Demostrar que la política de «abrazos, no balazos» constituyó una conducta sistemática del Estado dirigida contra la población civil —requisito indispensable para configurar estos delitos— será el principal escollo jurídico que los denunciantes deberán superar.
La lectura política: estrategia electoral anticipada
La denuncia llega en un momento de alta tensión política: las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra gobernadores de Morena siguen generando ondas en la opinión pública, y las elecciones intermedias de 2027 se aproximan. El PAN también menciona los casos de Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, al señalar que estos han profundizado su preocupación sobre una supuesta penetración del crimen organizado en el poder político.
El movimiento busca instalar una narrativa contundente de cara a los comicios: la de un expresidente penalmente responsable de la peor crisis de violencia en la historia moderna del país. Que esa narrativa prospere jurídicamente en La Haya es secundario; que cale entre el electorado es el verdadero objetivo.
Sheinbaum ha defendido a López Obrador de las críticas contra el plan «abrazos, no balazos»; no obstante, en lo que va de su administración ha tomado un enfoque más frontal contra los cárteles. Esa distinción le ofrece a la presidenta un margen de maniobra que no tuvo su antecesor, pero también la coloca en la incómoda posición de defender legados que cada vez más actores —incluidos dentro de su propio entorno— prefieren mantener a distancia.
