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Las nuevas reglas de fiscalización buscan corregir rezagos históricos: hay más de 9 mil asuntos pendientes y 89 mil 943 millones de pesos aún por recuperar o aclarar derivados de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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El reto ahora es asegurar independencia técnica, transparencia y criterios claros para evitar que la fiscalización pierda credibilidad o se convierta en un proceso discrecional.
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México Evalúa propone fortalecer la participación ciudadana, la profesionalización y la rendición de cuentas en la fiscalización superior.
La fiscalización de los recursos públicos atraviesa una etapa de transformación. Las reformas publicadas el pasado 14 de mayo modifican el modelo de revisión del gasto gubernamental y abren una oportunidad para fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la gestión pública y recuperar la confianza ciudadana.
Sin embargo, estos cambios también implican riesgos que deben atenderse desde el diseño y la implementación. Una fiscalización efectiva no depende únicamente de contar con mayores atribuciones, sino de garantizar instituciones profesionales, independientes, transparentes y capaces de explicar sus decisiones.
La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) establece que las entidades superiores de fiscalización generan valor cuando logran incidir positivamente en la vida de las personas mediante principios de independencia, integridad, transparencia y rendición de cuentas.
El contexto actual exige avanzar en esa dirección. Durante los últimos años, la fiscalización enfrentó desafíos relevantes: más de 9 mil asuntos pendientes, 89 mil 943 millones de pesos sin recuperar o aclarar desde 2019, riesgos de prescripción de responsabilidades y una limitada participación ciudadana en el seguimiento del uso de los recursos públicos.
Las nuevas reformas buscan responder a estos problemas mediante una mayor coordinación institucional, nuevas capacidades de análisis, mecanismos de denuncia ciudadana y herramientas para mejorar el seguimiento de observaciones. También se impulsa un nuevo modelo de profesionalización dentro de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
No obstante, el fortalecimiento de capacidades debe acompañarse de contrapesos y reglas claras. La concentración de decisiones en una sola institución plantea la necesidad de reforzar la transparencia sobre los criterios utilizados para definir auditorías, aceptar denuncias ciudadanas, imponer sanciones y modificar planes de revisión.
Uno de los principales riesgos es que la fiscalización dependa excesivamente de decisiones internas sin suficiente apertura hacia la ciudadanía y otros actores institucionales. La creación de nuevas áreas de coordinación y dirección dentro de la ASF, así como la vinculación con la academia y la sociedad civil, puede contribuir a una operación más eficiente, pero requiere mecanismos de evaluación pública que permitan conocer sus resultados.
Otro reto está relacionado con el nuevo esquema de acceso a la información. En un contexto donde desaparecieron los órganos garantes autónomos de transparencia, es fundamental que la ASF adopte una política de máxima apertura. Las nuevas causales de reserva relacionadas a casos de corrupción y a denuncias de funcionarios públicos pueden limitar el acceso a información relevante si no existen criterios estrictos de justificación y rendición de cuentas.
La fiscalización debe evolucionar de un modelo centrado únicamente en detectar irregularidades hacia uno que permita prevenir fallas, mejorar programas públicos y generar aprendizaje institucional. La evidencia producida por las auditorías debe convertirse en una herramienta para corregir políticas públicas antes de que los problemas se traduzcan en pérdidas sociales o económicas.
Estas son nuestras propuestas para fortalecer el nuevo modelo de fiscalización mediante cuatro acciones principales:
- Garantizar transparencia y rendición de cuentas dentro de la ASF.
La institución debe publicar criterios claros para aceptar denuncias, aplicar multas, modificar planes anuales de auditoría y dar seguimiento a observaciones. - Impulsar una participación ciudadana efectiva.
Los mecanismos de denuncia deben complementarse con auditorías participativas, información en lenguaje accesible y espacios de diálogo con organizaciones sociales y comunidades afectadas por una mala gestión pública. - Consolidar la profesionalización del personal fiscalizador.
El servicio fiscalizador de carrera debe ampliarse, fortalecerse y contar con indicadores públicos sobre capacitación, certificaciones y desarrollo profesional. - Fortalecer el papel preventivo de la fiscalización en el combate a la corrupción.
La ASF debe contribuir con recomendaciones de mejora institucional y participar activamente en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), no sólo mediante la identificación de irregularidades, sino generando propuestas para mejorar la ejecución del gasto público.
El país enfrenta una oportunidad para construir una fiscalización más moderna, cercana y efectiva. Las reformas recientes pueden representar un avance si se acompañan de controles adecuados, apertura institucional y una visión de largo plazo.
México Evalúa mantiene su disposición al diálogo con autoridades, instituciones fiscalizadoras, academia y sociedad civil para contribuir a que la fiscalización sea una herramienta que fortalezca la democracia y el bienestar público.
