Más allá del Mundial: alternativas para fortalecer la seguridad y el Estado de derecho

• En vísperas del Mundial 2026 que se celebrará en CDMX, Guadalajara y Monterrey, la seguridad pública sigue siendo un desafío por la debilidad del Estado de derecho en el país.

• El reto de seguridad en México va mucho más allá del 33% en reducción del homicidio doloso durante el primer trimestre de 2026 contra el mismo periodo de 2025. El Estado debe contener violencias complejas, proteger derechos y conservar el control efectivo del territorio.

• En este documento exponemos cuatro problemas de seguridad pública que cobraron visibilidad en estos meses previos al Mundial: homicidios psicosociales, mercados ilícitos no convencionales, circulación de armas ilegales y control territorial del crimen organizado.

Durante el primer trimestre de 2026 los homicidios dolosos se redujeron 33% a nivel nacional en comparación con el mismo periodo de 2025. Incluso, frente a 2018 acumulan una caída de 41%. Estas cifras, publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), han sido utilizadas por distintos actores políticos para sostener la idea de una mejora en las condiciones de seguridad del país. 

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No obstante esta reducción en las cifras, la realización del Mundial en México ocurre en un contexto de alta exposición internacional y preocupación por la seguridad, particularmente en Guadalajara, Jalisco, debido a la presencia territorial y capacidad operativa de crimen organizado. No se plantea una amenaza directa e inminente contra el torneo, sino la existencia de un riesgo latente asociado a la violencia criminal, la disputa por liderazgos, la percepción ciudadana de inseguridad y la necesidad de que el Estado mexicano garantice condiciones efectivas de control, prevención y orden público durante el evento.

Además, los registros de homicidio doloso no capturan por sí solos otras formas de violencia letal y no letal. Tampoco reflejan las capacidades reales de las instituciones de seguridad. La realidad es que, en vastos territorios, de hecho se ha ampliado la vulnerabilidad de las personas y comunidades frente a la violencia y la delincuencia.

El Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030 publicado el 18 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, plantea una visión amplia de la inseguridad al incluir homicidios, extorsión, desapariciones, trata, ciberdelitos y crimen organizado, vinculándolos con impunidad y debilidad institucional. Sin embargo, sus propuestas se concentran en prevención social y cultura de paz, sin acciones concretas, metas claras ni recursos definidos para implementar y evaluar la estrategia.

El documento que presentamos en esta ocasión, “Más allá del Mundial. Alternativas contra las violencias, mercados ilícitos y control criminal”, responde  a dicho contexto y expone cuatro problemas de seguridad pública que cobraron visibilidad en estos meses previos al Mundial de futbol y propuestas para atenderlos. A saber: 

1. Homicidios psicosociales: La violencia homicida no siempre está movilizada por intereses materiales del crimen organizado. También puede derivar de factores psicosociales, como el deterioro de la salud mental, la radicalización ideológica o la violencia familiar. Estos asesinatos generan conmoción social por su carácter abrupto y socialmente transversal, y revelan fallas persistentes en la política de prevención social de la violencia y en la capacidad del Estado para detectar y atender factores tempranos de riesgo.
2. Mercados ilícitos no convencionales: La inseguridad no siempre se manifiesta mediante violencia visible o eventos letales. Mercados ilícitos como la trata de personas con fines de explotación sexual operan en esquemas de alta opacidad y producen severas violaciones a los derechos humanos. Su persistencia revela limitaciones del Estado para detectar, investigar y desmantelar economías ilícitas complejas, así como debilidades en la protección efectiva de víctimas. 
3. Circulación de armas ilegales: Además de estar disponibles para organizaciones criminales; las armas ilegales también pueden ser adquiridas y utilizadas por individuos no vinculados a grupos delictivos. Esto incrementa la percepción de riesgo en espacios públicos y amplía la capacidad de ejercer violencia letal en conflictos cotidianos. El fenómeno revela dificultades persistentes del Estado para controlar la circulación interna de armas, regular mercados ilícitos y contener la expansión social de capacidades letales. 
4. Control territorial del crimen organizado: Las organizaciones criminales poseen capacidad para disputar y, temporalmente, arrebatar el control territorial al Estado. Cuando ello ocurre se afectan funciones básicas como la seguridad pública, la movilidad y la continuidad de actividades económicas. La predominancia de este fenómeno expone debilidades persistentes en las instituciones de seguridad y justicia, particularmente en inteligencia, coordinación operativa, control territorial y capacidad de respuesta sostenida frente a escenarios de desestabilización criminal. 

Propuestas

A. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el debilitamiento del crimen organizado:

• Distribución territorial del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP): Incluir la extensión territorial como criterio de asignación de este recurso para mejorar la cobertura policial en entidades con mayores costos de despliegue
• Política integral de armas: Controlar la totalidad del ciclo del armamento legal e ilegal, desde su ingreso hasta su destrucción para reducir su circulación y uso criminal.
• Investigación de tráfico de armas: Investigar redes de compra, traslado, almacenamiento y distribución de armas para desarticular estructuras de abastecimiento criminal.

B. Política criminal de Estado:

• Homologación policía-fiscalía: Homologar, supervisar y evaluar la coordinación operativa entre policías, fiscalías y servicios periciales para que las detenciones, indicios e informes policiales se traduzcan en investigaciones sólidas, judicializaciones y sentencias. 
• Cambio en indicadores de evaluación: Evaluar la política de seguridad con indicadores de resultado penal, como judicializaciones, sentencias, reparación del daño, reducción de impunidad y desarticulación de redes, para dejar de medir sólo detenciones, decomisos o carpetas iniciadas. 

C. Política de prevención:

• Prevención social focalizada: Orientar la prevención social a territorios, poblaciones y factores de riesgo específicos para reducir violencia familiar, reclutamiento criminal, trata, conflictos comunitarios y normalización de la violencia armada. 
• Evaluación de resultados de prevención: Evaluar los programas de prevención por sus efectos reales en incidencia delictiva, victimización, reincidencia delictiva, factores de riesgo y violencia, para distinguir acciones simbólicas de intervenciones con impacto verificable. 
   

D. Política de dignificación policial:

• Regulación de condiciones laborales para las policías municipales:  A través de un Estándar Nacional de Condiciones Laborales Policiales (ENCLP) homologar salario, prestaciones, seguridad social, jornadas, equipamiento e incentivos para brindar condiciones mínimas de dignificación policial. 
• Financiamiento federal para mejorar las condiciones laborales de policías municipales: Alinear recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (Fortamun) para el cumplimiento del ENCLP. 
• Desarrollo de mecanismos municipales de financiamiento sostenible por condiciones laborales policiales: Proponemos que los municipios desarrollen fuentes propias de financiamiento para sostener condiciones laborales policiales sin depender únicamente de transferencias federales o estatales.