Vacuna y discriminación

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No hay más estrategia que la electoral. Sólo a través de esa perspectiva se le encuentra lógica a las políticas del gobierno federal y se entiende por qué prefiere ignorar lo anterior e improvisar, incluso en áreas que históricamente han tenido buenos resultados, así como las razones por las que se le niega a personal médico la vacuna contra covid-19, a contrapelo de lo que sucede en el resto del mundo, de la responsabilidad ética con quienes arriesgan la vida para salvar las de los demás y del sentido común.

Han resurgido enfermedades que ya estaban erradicadas, como el sarampión; muchos niños están sin vacunas del cuadro básico por desabasto y se hizo a un lado al Sistema Nacional de Vacunación, motivo de orgullo por sus logros en la aplicación de dosis para inmunizar a la población de la pandemia.

La administración de López Obrador optó por centralizarlas, hacer propaganda gubernamental con ellas y darle prioridad a los servidores de la nación que operan en las elecciones, por sobre quienes trabajan en el sector Salud, fundamentalmente del ámbito privado.

Dar trato diferenciado a quienes hacen el mismo trabajo y, por lo tanto, corren el mismo peligro, es una discriminación inadmisible. Cada vida es igualmente valiosa y la vacuna no es privilegio. La preferencia por los trabajadores sanitarios en la vacunación tiene una racionalidad incuestionable: su labor esencial e imprescindible conlleva altos riesgos y resulta fundamental detener ahí la cadena de contagio, lo cual no se circunscribe a los lugares en donde son atendidas personas ya diagnosticadas con el virus.

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El margen de incertidumbre es de alto riesgo, tanto para el paciente como para los trabajadores que tienen contacto con éste. No se sabe si uno o los otros son portadores de la enfermedad, puede ser que en la consulta se detecte dicha posibilidad y se le prescriban estudios que lo confirmen o, bien, que quien se fue a atender por otro padecimiento ahí se contagie y su situación se complique fatalmente.

Por eso, si hay lugares donde existe apremio por reducir el riesgo de contagio es, precisamente, en los que tienen que ver con la salud. Algo tan elemental y que es replicado en los demás países no lo acepta el gobierno mexicano, el cual discrimina sin otra justificación que un prurito ideológico que no sólo no está en la ley, sino que, además, es groseramente inconstitucional. En ningún lado se encuentra que los trabajadores del sector público tienen más derechos que los del sector privado, mucho menos al grado de privilegiar unas vidas sobre las otras.

Lanzan un resentido prejuicio, descalificando a miles porque aseguran que “lucran con la salud”, identificándolos con hospitales de lujo.

Es un absurdo pernicioso, ilegal e inadmisible condicionar la vacuna a la situación socioeconómica, pero además es falaz y mentiroso. El universo discriminado incluye consultorios precarios, lo mismo que aquellos que dan servicio en las farmacias, lugares a los que acude buena parte de la población de escasos recursos, no se diga después de la desaparición del Seguro Popular. Además, muchos de los médicos más prestigiados ejercen en los dos ámbitos, así que están castigando, sobre todo, a pasantes, residentes, enfermeras, camilleros, laboratoristas y empleados de limpieza, quienes tienen ingresos y prestaciones similares e incluso menores a los de quien trabaja en hospitales públicos.

Es decepcionante que ni frente a la enfermedad se promueva, desde el poder, la unidad de los mexicanos y, por el contrario, se cultive la polarización por así convenir a facciosos cálculos electorales. Claudia Sheinbaum admite que están vacunando a los brigadistas ligados a su partido con las dosis “sobrantes” y anuncia que empezarán a hacerlo con maestros sindicalizados, mientras siguen relegando a los trabajadores de la salud del sector privado, al que injustamente satanizan.

La educación es importante, pero no es la única prioridad después del sector Salud. En democracia, las elecciones son esenciales y los ciudadanos deben votar sin temor. Los comicios se realizarán tres meses antes que el regreso a clases y los funcionarios de casilla debieran estar vacunados antes de la jornada. ¿Estamos preparados para esa conversación?


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