Días pasados, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó por mayoría de votos la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Expertos mencionaron que la reforma eléctrica era inconstitucional, ya que centralizaba la producción eléctrica en la actual CFE a partir de combustibles fósiles, como el carbón y el combustóleo, que dañan el medio ambiente; no obstante lo anterior, los legisladores de Morena irresponsablemente y siguiendo la orden del presidente no le movieron ni una coma, al proyecto presentado por el Ejecutivo.
La reforma mencionada se publicó el 9 de marzo, y al día siguiente como se esperaba se vino una lluvia de amparos en contra de la reforma a Ley (LIE) recién aprobada, las empresas argumentaron violaciones a la Constitución, al afectar, entre otras cosas, la libre competencia en el sector eléctrico en perjuicio de los particulares, violando lo dispuesto por el artículo 25 Constitucional.
Derivado de lo anterior, el juez Gómez Fierro concedió la suspensión al amparo argumentando que se violaba la libre competencia y la defensa del medio ambiente, dicha suspensión representó un revés a la orden de Palacio Nacional.
Como respuesta a lo anterior, el presidente manifestó su molestia, e intento amagar a los jueces presentando una queja ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del juez Juan Pablo Gómez Fierro, a quien pedía fuera investigado, entre otras cosas, por haberlo desobedecido al otorgar la suspensión a la aplicación de la ilegal reforma a la industria eléctrica.
Luego de la suspensión de Gómez Fierro, otros jueces concedieron una treintena de suspensiones en los amparos presentados contra la aplicación de dicha Ley. El presidente al desestimar las decisiones judiciales violó el principio de división de poderes, al no respetar las actuaciones de otro poder como es el Poder Judicial en este caso y, peor aún, amenaza a los jueces, porque la resolución no le beneficia, lo cual no es correcto.
A López Obrador desde un principio se le dijo que el proyecto de reforma a la ley era inconstitucional, pero no quiso oír a los expertos, y hoy que se lo reafirman los jueces sigue sin escuchar. Con todo respeto, aunque sea el presidente de México debe respetar la Constitución, y poner el ejemplo, esto marca un mal precedente.
Es preocupante el autoritarismo con el que actúa el presidente, luego de que dos jueces frenaron la aplicación de la reforma eléctrica por inconstitucional, ahora dice que impulsará una nueva reforma a la Constitución. Lo que sus asesores no le han dicho es que si cambia la Constitución seguirá violando derechos fundamentales, por lo que de nueva cuenta se podrían promover amparos, ahora por convencionalidad.
El presidente ha violado reiteradamente el principio de división de poderes, y este es un ejemplo más.
AMLO actúa como un dictador que busca a toda costa aplicar su voluntad, sin importar la Constitución, ni los derechos de los ciudadanos, con las quejas buscaba amedrentar a los jueces, afortunadamente no lo logró, el Poder Judicial aguantó la presión. Pero no deja de ser muy preocupante que hoy vivimos en un país donde se persigue y castiga a los que piensan diferente, donde no se respeta el Estado de Derecho y, con ello, se pone en riesgo a la democracia.
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