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El pasado lunes, con motivo del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.
El hecho de que se trate de una iniciativa “preferente”, implica que necesariamente la Cámara de Diputados tendrá que resolver sobre ella a más tardar en 30 días naturales, es decir, el 4 de marzo, y que de aprobarse o modificarse, pasará al Senado el cual también contará con un máximo de 30 días naturales, esto es, a más tardar el 4 de abril, para resolver. Se trata pues, de un asunto que no puede guardarse en el archivo; tiene que discutirse y resolverse a la brevedad.
Es preocupante que, en un par de meses, tenga que resolverse un proyecto que presenta tantos despropósitos, pero que seguramente contará con el respaldo de la mayoría morenista con la que el presidente cuenta en el Congreso. Recordemos que, al tratarse de una ley, y no de una reforma constitucional, no es necesaria una mayoría calificada; para aprobarla basta una mayoría simple.
Pero más allá de eso, la propuesta plantea privilegiar el despacho de energía que genera la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Privilegia primeramente el uso de electricidad generada por hidroeléctricas, luego las de todas las plantas de la CFE (primero las de ciclo combinado y luego las termoeléctricas), y en tercer lugar, la de las plantas de energía limpia y renovable como la eólica y la solar de la iniciativa privada.
Es decir, la propuesta intenta que el CFE retome su hegemonía en el sector eléctrico al regresarle, de hecho, el monopolio que tenía antes de la reforma energética, y lo hace, privilegiando el despacho de la energía que la CFE produce.
El problema es que la energía que generan las plantas de la CFE, es más cara porque deviene de plantas obsoletas e ineficientes, y es más sucia porque se produce a partir de combustibles fósiles.
Para decirlo rápido, la iniciativa privilegia el uso de la energía más cara y de la energía más sucia.
En la exposición de motivos se dice que la reforma no implicará un aumento en las tarifas domésticas, sin embargo, al privilegiarse el uso de la energía más cara, tarde o temprano ello repercutirá ya sea en aumentos tarifarios, o en un impacto de las finanzas públicas. Es decir, tarde o temprano, la pagaremos los consumidores a través del recibo de la luz, o de nuestros impuestos.
Pero además, este proyecto atenta también contra el medio ambiente.
En un momento en el que el mundo entero está comprometiéndose a reducir las emisiones contaminantes para contener y revertir el cambio climático, el gobierno mexicano hace todo lo contrario. Ello, no obstante que México es parte del Acuerdo de París.
Así, México no solo incumple sus compromisos internacionales en materia medioambiental, sino también sus tratados comerciales, como el T-MEC, con lo que reduce la certeza jurídica y ahuyenta la inversión, justo cuando más la necesitamos.
Pero esta política presidencial no es nueva, ya la había detonado desde hace siete meses, cuando emitió el “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, que ya incentivaba el uso de energías fósiles, y restringía los proyectos de inversión en energías limpias y renovables, como la eólica o la solar.
Sin embargo, el susodicho Acuerdo, que en su momento fue impugnado por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), recién fue invalidado por la Suprema Corte el pasado miércoles, es decir, apenas dos días después de que el Presidente de la República presentara su iniciativa.
Esto implica que la discusión de la iniciativa tendrá que ser a la luz de esa resolución judicial que ya invalidó la política de restricción de la participación de las energías renovables generadas por el sector privado.
Justo por eso decimos que la iniciativa del Presidente en materia de industria eléctrica, nació electrocutada. Tendrá que ser modificada necesariamente y de fondo, so pena de ser invalidada por la Corte.
No dudo que, contando con la mayoría con la que cuenta en el Congreso, el presidente logre que su propuesta sea aprobada, pero ya está anunciado que en ese caso, el Poder Judicial la revertirá.
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