La carta que Andrés Manuel López Beltrán dirigió esta semana a Donald Trump, denunciando la cancelación de su visa estadounidense, cumplió su función primaria: ocupar el centro de la conversación pública mexicana durante 48 horas. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador calificó la medida como un acto de «estilo hitleriano» en una misiva difundida a través de Instagram, acusando a los funcionarios estadounidenses de actuar como «jefes de pandillas» que espían, acosan e intervienen contra gobiernos que consideran una amenaza. La reacción de Morena no se hizo esperar: el partido expresó su rechazo al uso de instrumentos migratorios como mecanismo de injerencia política, situando el debate en el terreno de la soberanía nacional.
Pero el ruido en torno a la soberanía y el injerencismo desvía la atención de un dato incómodo: López Beltrán no es un caso aislado ni el primero. De acuerdo con reportes periodísticos, el ordenamiento del gobierno estadounidense lo ubica como el decimocuarto militante de Morena al que le ha sido retirada la visa en los últimos meses, una lista que según algunos recuentos periodísticos supera ya el medio centenar de políticos mexicanos, la inmensa mayoría emanados del partido en el poder. Entre los nombres que la componen figuran gobernadores en funciones y con licencia: Marina del Pilar Ávila en Baja California, Rubén Rocha Moya en Sinaloa, Américo Villarreal en Tamaulipas y Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán, además de alcaldes fronterizos, legisladores y cuadros federales.
El caso de Rocha Moya resulta particularmente revelador del tipo de investigaciones que motivan estas sanciones migratorias. El gobernador con licencia de Sinaloa fue acusado en abril pasado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y tráfico de drogas, junto con otros nueve exfuncionarios de su administración que enfrentan un proceso judicial en curso ante una corte neoyorquina. No se trata, en consecuencia, de sanciones arbitrarias motivadas por antipatía ideológica, sino de retiros documentales vinculados a pesquisas activas sobre crimen organizado que ya avanzan por la vía judicial estadounidense.
Mientras la clase política morenista y sus redes digitales concentraban su indignación en la visa de «Andy», otra noticia con mayor potencial de daño quedó relegada a segundo plano: la filtración de un cuarto audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. En la grabación, difundida por el periodista Gildo Garza, se escucha a interlocutores plantear a la mandataria una «última oportunidad» para cooperar con autoridades estadounidenses, mediante la firma de una carta conocida como proffer letter: un mecanismo del sistema legal estadounidense mediante el cual una persona investigada aporta información a los fiscales a cambio de garantías procesales limitadas. Según la misma fuente periodística, los interlocutores advierten que las agencias estadounidenses ya no quieren continuar hablando con la gobernadora porque consideran haber «perdido el tiempo» con ella, un matiz que sugiere el agotamiento de una vía de negociación antes que su apertura.
La secuencia cronológica no es casual. Este cuarto audio se suma a una serie de filtraciones iniciada en junio, que ya habían tocado temas como una posible extradición y la contratación de un exagente del FBI como asesor de la gobernadora. Cada nueva entrega erosiona la narrativa oficial de que se trata de una campaña de desprestigio sin sustento, y cada vez que aparece, el ecosistema digital morenista encuentra un tema alterno —la soberanía amenazada, el injerencismo yanqui— para desplazarla del centro de la conversación.
Aquí reside la contradicción de fondo que Morena no ha logrado resolver discursivamente. El partido que llegó al poder enarbolando la bandera de la honestidad y que ha construido buena parte de su capital político en la denuncia de la corrupción del antiguo régimen, enfrenta ahora una acumulación de señalamientos judiciales estadounidenses contra sus cuadros más visibles, desde gobernadores en funciones hasta el propio hijo del fundador del movimiento. La respuesta institucional, hasta ahora, ha sido defensiva: apelar a la soberanía, cuestionar los motivos de Washington, denunciar la persecución política. Ninguna de esas líneas argumentativas responde, sin embargo, a la pregunta específica que plantea el caso Rocha Moya o los audios de Marina del Pilar: si las acusaciones carecen de fundamento, ¿por qué la evidencia judicial avanza en cortes estadounidenses mientras la respuesta mexicana se limita al terreno retórico?
Con el ciclo electoral de 2027 en el horizonte y la sucesión interna de Morena aún por definirse, la gestión de estos escándalos dejará de ser un asunto de comunicación digital para convertirse en un factor electoral concreto. ¿Podrá Morena sostener su relato de soberanía nacional frente a un cúmulo de evidencia judicial que crece en tribunales extranjeros?
