La semana pasada, el Parlamento Europeo aprobó con votos de todos los grupos parlamentarios una resolución sobre la situación de los periodistas y defensores de derechos humanos en México, que ameritó una respuesta por parte del gobierno de la República, calificada por muchos como insólita por su falta de diplomacia e irreflexibilidad. Pero, más allá de lo anecdotario de haber llamado a los eurodiputados “borregos”, que se suman “a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”, preocupa la sistemática negación por parte del gobierno de la gravedad de que, en México, las y los periodistas y defensores de derechos humanos pueden pagar con la vida el hacer su trabajo.
La resolución señala hechos que a ningún gobierno le gusta escuchar como que: “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”; “2022 marca el comienzo del año más mortífero para los periodistas en México, con al menos seis periodistas asesinados”; “según la Secretaría de Gobernación del gobierno mexicano, desde diciembre de 2018 al menos 68 defensores de los derechos humanos han sido asesinados en México; el nivel de violencia contra las mujeres y el número de feminicidios son elevados y el número de personas que han desaparecido es muy alarmante; el presidente López Obrador ha utilizado con frecuencia una retórica populista en las conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas”; y “la corrupción institucionalizada y generalizada, inducida por un sistema judicial deficiente, genera un problema endémico de impunidad, ya que alrededor del 95% de los asesinatos de periodistas permanecen impunes”, entre otros.
Y resuelve condenar “las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México”, pedir “a las autoridades que investiguen los asesinatos de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial”, así como que “adopten todas las medidas necesarias para garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para los periodistas y los defensores de los derechos humanos en consonancia”.
No es la primera vez que el Parlamento Europeo se expresa sobre la situación de los derechos humanos en México, como también sus contrapartes mexicanas han criticado algunas políticas de los países de la Unión Europea como, por ejemplo, las que derivaron en la crisis migratoria de 2015, ya que el diálogo político es parte fundamental de nuestras relaciones.
El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea establece en la llamada cláusula democrática, contenida en su artículo primero que: “El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”. Así, desde la entrada en vigor del Acuerdo en el año 2000, México y la Unión Europea no sólo acordaron reglas para comerciar, sino que se convirtieron en socios y aliados para la defensa de la democracia y los derechos humanos en sus propios territorios y en los espacios multilaterales.
Por eso, la resolución del Parlamento Europeo, que, por cierto, junto con los parlamentos nacionales han hecho de la Unión Europea nuestro mayor donante de cooperación en la materia, no puede considerarse un acto injerencista. Si bien podemos tener diferencias como el que ellos consideran que la corrupción y la violencia son generalizadas en México, cuando en realidad no es así, hay que expresarlas con respeto y ánimo constructivo, como corresponde entre socios y aliados.
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