En lo que va del periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México registra un acumulado de 29,463 denuncias por delitos cometidos por servidores públicos, de acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al corte de junio de 2026. Esta cifra refleja la dimensión de las investigaciones y carpetas abiertas contra funcionarios en las distintas entidades del territorio nacional.
Tan solo durante el mes de junio de 2026 se contabilizaron 1,742 denuncias por ilícitos cometidos por personal del servicio público. Este volumen representa un incremento del 12 por ciento en comparación con las 1,553 denuncias que se reportaron durante el mismo mes del año anterior, marcando una tendencia al alza en los registros mensuales reportados por las instituciones de seguridad.
A nivel de distribución territorial, el informe estadístico revela una alta concentración geográfica de este fenómeno. Tres entidades del país acumulan el 51 por ciento de la totalidad de las denuncias registradas durante la actual administración federal. La Ciudad de México encabeza el listado con un total de 6,586 registros, seguida por el Estado de México con 5,622 casos y el estado de Nuevo León con 2,797 expedientes abiertos.
Al analizar el impacto de este tipo de delitos en función de la densidad poblacional, las métricas muestran un panorama distinto. Baja California Sur registra la tasa más elevada del país por cada millón de habitantes, al contabilizar 962 denuncias. Le siguen la Ciudad de México con una proporción de 715 reportes por cada millón de residentes y el estado de Quintana Roo con 504 expedientes por la misma escala de habitantes.
El comportamiento histórico de este rubro muestra variaciones constantes a lo largo de los últimos años. Durante el año 2020 se alcanzó el nivel más alto de denuncias en el registro reciente, con un acumulado anual de 21,883 casos. En el año 2025 la cifra total se situó en 19,463 denuncias, mientras que en el transcurso del año 2026 el corte parcial suma 10,000 registros de infracciones o ilícitos atribuidos a servidores públicos.
El monitoreo constante de estos indicadores permite dar seguimiento al desempeño de la administración pública y al avance de las denuncias presentadas ante las autoridades competentes. La recolección y actualización periódica de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública constituye el insumo fundamental para evaluar la incidencia de estas conductas en el ámbito gubernamental del país.
