Tamaulipas se encuentra inmerso en un profundo proceso de cambio. Un cambio social que marca su origen en la transición política conseguida a nivel estatal en el año 2016, con la victoria electoral del Partido Acción Nacional y que, desde entonces, ha venido mejorando la calidad de vida de las comunidades asentadas en todos los puntos de la entidad, a partir de la consolidación de una alianza entre el gobierno estatal y la sociedad tamaulipeca. Proceso de cambio cuyo eje central es la recuperación sostenida de la seguridad pública, por sus beneficios multiplicadores en el resto de las áreas de política pública. Veamos.
A diferencia de la evolución observada en la gran mayoría de los estados de la República Mexicana, los cuales presentan un agravamiento preocupante en los distintos renglones de la incidencia delictiva, Tamaulipas desplegó una estrategia integral de seguridad que le ha permitido el cierre gradual de espacios de operación e impunidad a los grupos delincuenciales, con su consecuente caída en la comisión de los delitos que más inquietan a la ciudadanía.
Esta tendencia positiva es reconocida por las propias instituciones federales. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas no sólo ha dejado de estar en la lista de los cinco estados más violentos, sino que ha transitado a ubicarse entre los diez con mayor nivel de seguridad de todo el país. Esto porque, de 2016 a 2021, las acciones del gobierno de Tamaulipas redujeron en 18% el homicidio doloso, 86% el secuestro, 52% el robo de vehículo y en más de 23% los delitos del fuero común, entre otros botones de muestra que dan cuenta de los destacados avances en la materia.
Las reducciones son producto de un esfuerzo decidido por ampliar la presencia territorial de policías bien entrenados, evaluados e íntegros, por escalar las capacidades tecnológicas de estas corporaciones civiles, así como por profundizar su colaboración con organizaciones ciudadanas e instituciones federales, a fin de potenciar los alcances de una acción cada vez más articulada y frontal contra la delincuencia.
Así, en el último año de gestión, el presente gobierno estatal está consiguiendo legar un sistema a favor de la seguridad pública, en el que un mayor estado de fuerza policial ejerce mejores tareas de proximidad en los municipios, control en las carreteras, vigilancia de medios cibernéticos y persecución de integrantes del crimen organizado, para recuperar de manera sostenible la tranquilidad en los hogares, comercios, plazas públicas y centros turísticos de Tamaulipas. Especial mención requieren las medidas e incentivos que dignifican la vida de quienes se abocan a estas labores y las de sus familias.
Mayor seguridad en más espacios es el motor de un círculo virtuoso que cambia día con día el rostro de las comunidades en esta entidad. La reducción del crimen en las comunidades favorece el clima de negocios detonador de empleo. Por ello, hoy Tamaulipas es parte de los cinco estados más relevantes por su volumen de exportación; uno de los siete con más inversión extranjera directa; además de haber duplicado la afluencia de turistas en los últimos años.
Toda una serie de actividades comerciales e industriales que aceleran la reactivación económica y generan empleos formales, los cuales llevan al estado a ubicarse entre las trece entidades con mayor creación de plazas de trabajo en 2021. Sin embargo, no estamos observando el fin de la evolución, sino apenas un primer corte de mayores beneficios que habrán de conseguirse si se mantienen vigentes las prioridades y criterios de estas políticas públicas estatales.
Primero, porque una mayor recaudación de impuestos por actividades económicas lleva a la instrumentación de una política social estatal responsable que erradica desigualdades, al ampliar el acceso a servicios de salud, educación, capacitación y alimentación a segmentos vulnerables, mitigando, además, las causas que propician expresiones de violencia con la toma comunitaria de espacios públicos y, segundo, porque existe una serie de obras de infraestructura en proceso, las cuales habrán de incrementar la competitividad de la economía estatal, así como el atractivo turístico hacia los recursos naturales de Tamaulipas.
Por ejemplo, la carretera Tam-Bajío —que acortará significativamente los tiempos de traslado entre la actividad portuaria de Tamaulipas y la industrial de los estados de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Jalisco—, la Playa Miramar —que fomentará la recepción de un mayor flujo de turistas, tras haber sido recuperada por el gobierno estatal de intereses ilegítimos— y las energías renovables —cuyo impulso sin precedente ha conseguido más de 1,700 MW de capacidad instalada en tan sólo unos años—, entre otros proyectos en consolidación, constituyen la plataforma sobre la cual Tamaulipas crece y ofrece un modelo de desarrollo regional para todo México.
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