La consulta de ayer (N.E. 1 de agosto de 2021) ha sido considerada, con toda razón, inconstitucional, innecesaria y confusa. Pero la crítica debe ir más allá de Andrés Manuel López Obrador. Aunque él detonó el despropósito —nunca debió haber pedido que se consultara la aplicación de la ley, y menos para liberarse de su compromiso de no perseguir penalmente a los ex presidentes y para desentenderse de un pacto que tendría como principal beneficiario al que le entregó el poder—, el daño se habría contenido si los líderes opositores hubieran hecho su tarea y, sobre todo, si el presidente de la Suprema Corte hubiera tenido los arrestos para decirle que no al Presidente de la República.
Vamos por partes. La oposición debió haber exigido, desde que AMLO llegó a la Presidencia, que se procesara a Enrique Peña Nieto. Era un imperativo ético y la única batalla en que se podía derrotar a AMLO en su propio campo, el círculo verde, donde hoy está invicto. Si los partidos opositores hubieran tomado como bandera la ruptura del ignominioso pacto de impunidad que ha imperado en México, mediante el cual el mandatario entrante le cuida las espaldas al saliente, ya habrían capitalizado la reculada de AMLO (y habrían impedido que Morena se colgara la medalla). No necesitaban caer en la demagogia plebiscitaria; pudieron recurrir a la movilización o juntar millones de firmas, por ejemplo, para potenciar la indignación social contra el odiado emblema de la corrupción y elevarle a AMLO el costo político de protegerlo. Entiendo que algunos líderes de oposición no podían hacerlo por su complicidad con Peña Nieto, pero ¿y los demás?
La mayor responsabilidad, sin embargo, recae en Arturo Zaldívar. AMLO puso a la Corte en una encrucijada —constitucionalidad o sumisión— y, parafraseando a contrario sensu a Robert Frost, el ministro presidente optó por el camino más transitado. Si hubiera hecho valer la independencia y la autonomía del Poder Judicial no se habría tenido que poner un galimatías de la boleta: simplemente no habría habido consulta. Pero decidió acatar el capricho presidencial, maquillar la inconstitucionalidad con el pincel de la ilegibilidad y enderezar el ejercicio hacia una comisión de la verdad. Interesante. Contra lo que se cree, no todos los actos políticos son concertados a priori: algunos se concatenan a posteriori. Es obvio que AMLO no quiere castigar a Peña sino a Calderón, y que el órgano ad hoc inducido por la pregunta de marras se suele usar cuando los presuntos ilícitos, por su naturaleza o lejanía en el tiempo, resultan difíciles de investigar para una fiscalía. De ser esta la razón por la que Zaldívar apuntó a una comisión se probará que el servilismo no excluye la astucia: se doblegó ante el Ejecutivo y, de paso, le enmendó la plana para ayudarlo a lograr su objetivo.
No hay, al momento de entregar este texto, cifras definitivas de votación. Pero se rebase o no el umbral de 40 por ciento, el ejercicio habrá sido un costoso disparate, pues se tiraron a la basura más de 500 millones de pesos en medio de una austeridad que regatea dinero a lo verdaderamente necesario. La justicia no se consulta, y una comisión de la verdad solo requiere el aval del Congreso.
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