Las preguntas que aún necesitan ser respondidas son las que más duelen.
Las campañas electorales van y vienen. Los gobiernos cambian. El enfoque de los medios se desvanece. Los discursos se desvanecen y la conversación pública se dirige a otros temas. Pero hay preguntas que permanecen. Preguntas que todavía se plantean a las madres que continúan buscando a sus hijos desaparecidos hoy. Las familias que han sido desalojadas de sus comunidades. Aquellos que perdieron a un ser querido por la violencia. Millones de mexicanos que vieron durante años cómo el crimen organizado echaba raíces en gran parte del país.
¿Qué pasó realmente en México en los últimos años? ¿Y por qué la violencia siguió creciendo? ¿Por qué tantas comunidades quedaron atrapadas en una trampa entre el miedo, la impunidad y el abandono? ¿Por qué el crimen organizado dejó de ser una amenaza lejana y se convirtió en una presencia cotidiana en la vida de millones de personas?
Estas preguntas no pertenecen a un partido político. Tampoco son propiedad de una ideología. Son preguntas legítimas de una sociedad que merece respuestas.
Durante años escuchamos una y otra vez la consigna de “abrazos, no balazos”. Se presentó como una estrategia distinta para enfrentar la inseguridad. Sin embargo, mientras el discurso avanzaba, la realidad parecía tomar otro rumbo. Los grupos criminales ampliaron su capacidad de operación, fortalecieron sus estructuras, extendieron su influencia territorial y aumentaron su capacidad para desafiar al Estado.
El miedo dicta la vida diaria de miles de familias hoy en día. Hay comunidades donde la autoridad formal coexiste con el poder criminal que gobierna la actividad económica y controla la movilidad y la vida social de poblaciones enteras. Esta realidad no puede ser ignorada o minimizada.
Por lo tanto, será importante tener una conversación seria sobre lo que realmente sucedió en nuestro país. No desde la pasión partidista, no desde el rencor político, sino desde el deber de una democracia de conocer la verdad.
La denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional ha dividido opiniones. Algunos la descartan de inmediato. Pero más allá de las posiciones políticas, es importante recordar algo fundamental: investigar no significa condenar. Y hacer preguntas no es lo mismo que sentenciar. Cuando pides explicaciones, no estás prejuzgando.
Lo que realmente sería preocupante sería lo contrario: aceptar que nunca hay una investigación. Resignarnos al hecho de que los eventos nunca se aclaran. Asumir que hay preguntas que no deben hacerse porque incomodan a los que están en el poder.
Y aquí es donde surge una pregunta que vale la pena hacer con toda seriedad: ¿por qué les es tan molesto que se investigue?
Lo que también nos llama la atención es la reacción ante el anuncio de la denuncia. En lugar de escuchar voces que digan “que se investigue todo y que la verdad salga a la luz”, escuchamos una descalificación inmediata. Como si hacer preguntas fuera un acto de traición. Como si buscar la verdad dependiera del partido político y de la persona que hace las preguntas.
En una democracia sana, la exigencia de rendición de cuentas no debería generar miedo. Y menos aún cuando se trata de eventos que han marcado la vida de millones de personas. Si no hay responsabilidad, una investigación seria finalmente lo demostrará. Pero si hay elementos que necesitan ser aclarados, el país debería conocerlos.
Lo que realmente sería preocupante sería otra cosa: que la mera idea de investigar se considere inadmisible.
Los mexicanos merecen saber qué sucedió realmente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Merecemos saber cómo se vio afectada la vida pública del país por las decisiones que se tomaron. Tenemos que preguntar por qué hubo formas e incidentes que generaron preocupaciones legítimas en amplios sectores de la sociedad.
Muchos ciudadanos todavía se preguntan por qué ocurrieron las repetidas visitas presidenciales a Badiraguato. Por qué hubo reuniones y gestos políticos que nunca fueron explicados satisfactoriamente. Por qué, mientras la violencia golpeaba tantas partes del país, se enviaban mensajes que eran incomprensibles para muchas víctimas.
Construir una culpa prematura no es crearlas. Es reconocer que existe la duda y que está en nuestro poder abordarla.
Porque la democracia no puede pedirle a la sociedad que deje de cuestionar. Especialmente no cuando las preguntas surgen del dolor.
Hay algo más que debemos reconocer como país. Durante años se nos pidió confiar. Confiar en las cifras. Confiar en los discursos. Confiar en que la estrategia estaba funcionando. Confiar en que las cosas iban mejor de lo que tus ojos podían ver.
Pero mientras se nos pedía confianza, las madres buscadoras continuaban recorriendo desiertos y brechas. Mientras se nos pedía paciencia, comunidades enteras vivían bajo la amenaza permanente de grupos criminales. Mientras se nos pedía fe, miles de familias enterraban a sus muertos o seguían esperando el regreso de quienes nunca volvieron a casa.
Por eso hoy no basta con pedir confianza. Lo que México necesita son respuestas.
Los números son importantes, pero nunca cuentan toda la historia. Detrás de cada persona desaparecida, hay una silla vacía en la mesa familiar. Por cada víctima de homicidio hay un nombre, un rostro, un proyecto de vida interrumpido. Y en cada comunidad desplazada hay personas que tuvieron que huir de sus hogares, sus recuerdos y su patrimonio para salvar sus vidas.
Cuando hablamos de violencia no hablamos únicamente de estadísticas. Hablamos de seres humanos.
Por eso este debate no se trata tanto de opositores políticos y partidarios del otro lado. Es mucho más. Va mucho más allá. Habla de la capacidad de un país para mirar de frente su propia realidad y exigir cuentas a quienes ejercieron el poder.
También expresa nuestro deber colectivo de no normalizar lo que nunca debió haber sido normalizado.
No podemos acostumbrarnos a regiones enteras donde el crimen organizado impone las condiciones de vida. No podemos aceptar como inevitable que miles de familias sigan buscando a sus seres queridos desaparecidos. No podemos resignarnos a que la violencia se convierta en parte del paisaje.
Las democracias se fortalecen cuando investigan. Se debilitan cuando ocultan. La transparencia construye la confianza pública. Se destruye cuando prevalece la opacidad.
Si las acusaciones son infundadas, que se demuestre. Si hay responsabilidades, que se determinen conforme a la ley. Pero lo que no podemos aceptar como sociedad es el silencio.
La verdad no debería tener un color partidista. No depende de sentimientos políticos ni de cálculos electorales. La verdad pertenece a las víctimas, a sus familias y a todos los mexicanos.
Al final, sin embargo, más allá de gobiernos, partidos y circunstancias, hay una demanda que sigue vigente y que ninguna democracia puede ignorar.
Las víctimas no necesitan propaganda. Necesitan verdad.
Y un país que renuncia a buscar la verdad termina renunciando también a la justicia.
El autor es senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal
@MarioVzqzR
