Resulta que Amílcar Ólan, ese empresario tabasqueño que aparece una y otra vez en los reportajes como parte del círculo cercano de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, intentó algo muy de moda entre ciertos personajes públicos: meterle un juicio de amparo a los medios y a las plataformas digitales para que dejaran de hablar de él. Quería que Google, Facebook, YouTube, TikTok, X y varios periódicos y portales (Aristegui Noticias, El Universal, Latinus, El Economista y otros) fueran tratados como autoridades y, de un plumazo, se retirara toda la información que lo señala por presuntas irregularidades y contratos jugosos.
Los magistrados del Tribunal Colegiado de Materia Administrativa de Villahermosa le dijeron que no. El 14 de marzo de 2025 resolvieron que los medios y las plataformas no son autoridades para efectos de la Ley de Amparo. En otras palabras: no se vale usar el juicio de garantías para taparle la boca a quien investiga o critica. Y punto.
No es el primero ni será el último. Cada vez que un político o un empresario bien conectado enfrenta señalamientos serios —ya sea por contratos millonarios, por empresas ligadas a operaciones dudosas o por su cercanía con el poder—, en lugar de salir a aclarar con documentos, números y explicaciones claras, prefiere el camino del “que se borre todo”. Como si al silenciar las notas y los videos los hechos dejaran de existir. Como si la culpa se evaporara con un click judicial.
La lógica es casi conmovedora: “Si nadie lo lee, entonces no pasó”. Pero la realidad es más tozuda. Las investigaciones periodísticas, los registros públicos y las propias resoluciones judiciales siguen ahí. Y mientras más se insiste en acallar, más se alimenta la sospecha de que hay algo que no se quiere que se vea.
Ólan no inventó el truco. Forma parte de una larga tradición de quienes, ante la incomodidad de las críticas, corren al juzgado en vez de al micrófono o a la rueda de prensa. El problema es que, cuando el amparo se niega, el efecto suele ser el contrario: más gente se entera de que alguien quería que nadie se enterara.
Al final, la justicia federal le recordó lo obvio: los medios no son autoridades y el derecho a informar y a ser informado no se suspende porque a alguien le moleste el contenido. Si hay algo que aclarar, se aclara. Si no, se aguanta. Así de simple y así de mexicano.
