Resulta que en este país de maravillas institucionales, defender a trabajadores del Instituto Nacional Electoral que salieron corriendo o los botaron a patadas, con encierros, celulares confiscados y grabaciones improvisadas de por medio, se convierte en delito de lesa majestad. La abogada Mónica Calles Miramontes, que se ha puesto a documentar estos “despidos amables” y a exhibir audiencias donde los funcionarios parecen más ocupados en tapar el sol con un dedo que en explicar fundamentos legales, ahora tiene a la Fiscalía General de la República moviéndose a velocidad de rayo para callarla.
Todo arrancó con un video de una diligencia de horas en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Ahí se ve cómo se gestiona la salida de una trabajadora: incomunicación, retención de dispositivos y el típico “ya te vas, pero te quedas calladita”. Calles lo subió para mostrar la incapacidad y el abuso. Usuarios de redes, como es costumbre, soltaron comentarios sobre la apariencia de una de las funcionarias involucradas. Ella, integrante de la comunidad LGBT, lo tomó como ofensa personal y, ¡zas!, denuncia. La FGR, que en otros asuntos más gordos tarda meses o años en reaccionar, en tres días ya tenía medidas cautelares: que Calles deje de “violentarla”. Curioso, porque la abogada no emitió comentario alguno sobre orientación sexual ni se metió en ese terreno. Solo expuso actos públicos de funcionarios públicos.
Pero no se quedó ahí. Ahora la carpeta se amplía a portales y revistas que le publican. Qué conveniente. Mientras tanto, los trabajadores que denuncian acoso laboral, afectaciones a la salud y presiones para renunciar siguen esperando justicia. Como en aquellos casos donde se usaba la “violencia política de género” para amordazar críticas, ahora la pertenencia a una comunidad sirve de escudo para ocultar la purga y el maltrato dentro del instituto que debería cuidar la democracia.
Por cierto, la funcionaria ofendida tiene currículum interesante: pasó por Redes Sociales Progresistas, ese partido satélite que olía a Elba Esther Gordillo y a Juan Iván Peña Neder, y presume parentesco con una diputada de Morena. Nada de qué preocuparse, claro. Solo coincidencias de las que abundan cuando alguien se atreve a señalar que en el INE hay más terror laboral que profesionalismo electoral.
La velocidad de la Fiscalía para proteger sensibilidades selectivas, mientras deja en el limbo asuntos de verdad graves, huele a censura disfrazada de derechos. Calles no se ha callado y dice que no lo hará. Bien por ella. Porque si defender a los que se quedan sin chamba por incomodar al poder ya es motivo de carpeta penal, entonces el mensaje es claro: cállense o los callamos. Y eso, señores, no es democracia. Es pura y llana intimidación institucional.
