Circula con fuerza en redes sociales una versión que ha puesto a temblar a más de uno en Zacatecas. Según publicaciones y capturas que se comparten desde el miércoles, el gobierno del morenista David Monreal habría armado un registro de periodistas y activistas críticos. El expediente, que aparece con membrete de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, incluiría domicilios, placas de vehículos, fotos de casas e incluso notas sobre presuntos padecimientos de salud mental. Usuarios aseguran que el documento se usó para negar el acceso a algunas personas durante el quinto informe de gobierno. Hay quienes lo llaman “lista negra” y advierten que se trata de un fichero para silenciar voces incómodas. El gobierno local ha negado ser el autor, pero reconoce que el papel existe y pide que la Fiscalía investigue. Por ahora es una versión que corre en redes, con denuncias de afectados y sin confirmación oficial plena.
Este episodio se suma a otras historias que también andan de boca en boca en el espacio digital. En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle ha enfrentado críticas por agresiones y casos de periodistas. Hay quienes recuerdan que en su administración se han registrado asesinatos y desapariciones de comunicadores, y que ella ha insistido en que no tienen que ver con el trabajo periodístico. En redes se habla de un clima tenso y de advertencias que suenan parecidas a las de Zacatecas.
No se queda ahí. Un senador de Morena, Luis Fernando Salazar, le lanzó a Enrique Acevedo, conductor de Televisa, la frase “vamos a ir tras de ti” después de un reportaje. El mensaje corrió como pólvora, el periodista lo tomó como amenaza y el legislador después se disculpó diciendo que se refería solo a la vía legal. La propia presidenta Claudia Sheinbaum salió a condenar el tono. En redes no faltan comentarios que señalan el patrón: cuando la crítica incomoda, llegan las advertencias.
También se habla de otro senador morenista, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico, que respondió a una reportera preguntándole “quién le paga”. Y de periodistas en Veracruz que lograron que el Tribunal Electoral los exonerara después de que una diputada local del PVEM los acusara de violencia política de género por informar de nepotismo. Varios políticos han usado esa misma acusación contra comunicadores críticos. A todo esto se suma la lista que en su momento presentó la consejera jurídica de la Presidencia con nombres de periodistas y usuarios de redes que consideran opositores.
En las redes el debate es intenso. Hay quienes ven un patrón de hostigamiento disfrazado de defensa, y quienes aseguran que todo es exageración o campañas de desprestigio. Por lo pronto, las versiones siguen circulando, algunas confirmadas en parte, otras todavía en el terreno del rumor. Lo que queda claro es que la relación entre poder y prensa vuelve a estar en el centro de la conversación digital.
