¿Democracia o elecciones de estado?

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Estos días serán cruciales en la discusión y votación sobre el llamado “Plan B”, recurso que el presidente López Obrador intenta que se apruebe, como recurso despechado después de que su iniciativa de reformas a la Ley Electoral fue rechazada al no lograr la mayoría calificada de los votos en la Cámara de Diputados, por la oposición unida de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Este paquete de reformas a las leyes secundarias, combinado con el cuarto año consecutivo de reducción de presupuesto para debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE), constituyen además de la ilegalidad con que se hicieron, un hecho inmoral, necio, retrograda, antidemocrático, autoritario y desesperado por parte del ejecutivo federal.

El intento por destruir al INE y que sea el gobierno federal quien asuma sus funciones, califique las elecciones, se vuelva juez y parte, tome el gobierno en turno ventaja desleal, cancele la certeza, la confianza, la legalidad, la equidad y pone en riesgo el curso democrático del país. Nos regresa a lo que fue el primer logro de la democracia mexicana, cuando en 1946, el Presidente Manuel Ávila Camacho promulga la Ley Federal Electoral y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada por el Secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos con mayor relevancia. De igual forma, la Ley ordena la creación de comisiones electorales locales y el Consejo del Padrón Electoral.

La historia de la democracia en México, los cuestionamientos a la legalidad y a que los votos cuentan y se cuentan bien, ha recorrido avances como lo fueron la expedición de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) en 1977 y el nacimiento del Instituto Federal Electoral (INE), Órgano Especializado en Materia de Elecciones, que funcionó entre los años de 1990 a 2014. En 1994 se logra la ciudadanización del IFE, reduciendo la influencia del gobierno federal y dándole autonomía al organismo encargado de realizar las elecciones en México. Es en 2014 cuando nace una nueva autoridad electoral de carácter nacional: El Instituto Nacional Electoral, (INE). Su creación representó una modificación fundamental en el sistema político mexicano para la construcción de la democracia en México.

El ataque a la democracia que se conjura desde Palacio Nacional, intenta debilitar al árbitro electoral, asumir atribuciones que dejan en duda la legalidad de las elecciones, nos acerca a la imposición, a las trampas, al fraude, al uso de recursos ilícitos en las campañas políticas. Esa condición, obedece al temor creciente del presidente de México de verse incapaz de imponer a su sucesor en la silla presidencial por la vía legitima del voto popular. Su necesidad imperiosa de ganar las elecciones de 2024, al precio que sea, derivan de su necesidad de impunidad, de complicidad, de no rendición de cuentas, de que la corrupción de su gobierno sea tapada y acallada por el gobierno siguiente.

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Si los mexicanos eligen que así sea, no importa. Lo que sí importa es que la próxima elección sea legal, valida, limpia, transparente y legitima. Que los mexicanos decidamos el futuro que debemos emprender como nación, libremente, sin fraude alguno. Aunque este gobierno demuestra que la democracia a veces se equivoca y se vota a quien no se lo merecía, el derecho popular a decidir debe garantizarse.


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