Cuando Morena llegó al poder en 2018, su promesa central era acabar con los privilegios de la clase política que durante décadas había gobernado México en beneficio propio. Ocho años después, el caso del exfiscal general y actual embajador en el Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, pone esa promesa bajo un severo cuestionamiento que cruza las fronteras partidistas y sitúa al gobierno de Claudia Sheinbaum ante una contradicción difícil de sostener.
Gertz Manero hizo pública por primera vez una declaración patrimonial detallada tras dejar la Fiscalía General de la República y asumir la embajada de México en el Reino Unido. El documento reporta 13 inmuebles, una colección de vehículos de lujo, joyas y obras de arte valuadas en decenas de millones de pesos, además de inversiones y cuentas bancarias en México y el extranjero. Entre los bienes de mayor controversia figura la adquisición de un Rolls Royce Wraith modelo 2014, comprado al contado en 2 millones 700 mil pesos en noviembre de 2020, cuando Gertz Manero ya se desempeñaba como fiscal general. También declaró una herencia de 18.3 millones de pesos en joyas, relojes y monedas, así como diversas obras de arte valuadas en 8 millones de pesos, y 15 cuentas bancarias, algunas en Estados Unidos, España y Suiza.
El elemento que más genera debate no es la existencia del patrimonio en sí, sino el contexto en que fue acumulado y la opacidad que lo rodeó. Durante más de siete años, Gertz Manero mantuvo su patrimonio oculto: en su primera declaración, en 2019, rechazó hacer públicos sus datos, y cuando la FGR quedó fuera del ámbito del gobierno federal, no tuvo necesidad de reportar sus bienes en la plataforma pública Declaranet. Sólo la obligación derivada de su nuevo cargo diplomático forzó la revelación. La pregunta que distintos sectores de la sociedad civil y la oposición se hacen es inevitable: ¿qué habría ocurrido si Gertz Manero no hubiera sido nombrado embajador?
La respuesta del gobierno federal alimentó aún más la polémica. Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum señaló que el punto central es que el patrimonio fue reportado de manera pública y que el propio embajador explicó el origen de sus bienes. Ante la pregunta de si el millonario caudal era un ejemplo de austeridad, Sheinbaum respondió: «La información viene de una declaración de él de su patrimonio y él dice que ese patrimonio viene pues de su familia, de lo que él ha adquirido. Malo sería que tuviera un patrimonio que no declarara.»
Esa argumentación resulta insuficiente para los críticos. Desde la perspectiva de organizaciones anticorrupción y analistas independientes, equiparar la simple declaración con la ausencia de irregularidades equivale a confundir un requisito formal con una exoneración de fondo. La transparencia, en el marco jurídico mexicano, es el punto de partida de la fiscalización, no su conclusión. Declarar un patrimonio no lo justifica; lo expone para su escrutinio.
El perfil político de Gertz Manero añade otra capa de complejidad al análisis. Su trayectoria abarca gobiernos del PAN, una curul por Movimiento Ciudadano y, finalmente, el cargo más alto del sistema de procuración de justicia bajo la Cuarta Transformación. Su caso ilustra un fenómeno recurrente en la política mexicana: la clase funcionarial que migra entre partidos sin que su patrimonio pierda el paso.
Para los defensores del gobierno, la declaración pública representa un avance real en materia de transparencia frente a la opacidad que caracterizó a administraciones anteriores. Para sus detractores, el silencio investigador del Ejecutivo ante un patrimonio de esta magnitud, acumulado durante décadas de servicio público, contradice de manera frontal el discurso fundacional del movimiento que hoy gobierna el país.
El caso Gertz Manero no resuelve, por sí solo, si hubo o no irregularidades. Lo que sí revela, con nitidez incómoda, es que declarar no es lo mismo que explicar, y que la responsabilidad de investigar no puede recaer únicamente en la voluntad del propio funcionario cuestionado.
