En menos de 48 horas, Oaxaca registró una escalada de violencia letal contra figuras políticas y sus familias. El domingo 14 de junio de 2026, Carlos Orocio Cruz, expresidente municipal de San Juan Quiahije (trienio 2023-2025), y su hijo Celestino Orocio Cruz fueron ejecutados a balazos mientras trabajaban en una obra en construcción en la localidad de Cieneguilla, región Chatina. Apenas el sábado 13 de junio, un comando armado asesinó al presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, emanado del PAN, al salir de su domicilio en la Mixteca. Días antes, el 12 de junio, Isela Lizbeth González López, asambleísta estatal del PRD, fue acribillada en Pinotepa Nacional.
Estas ejecuciones ocurren en un contexto de recurrente violencia política en la entidad. Bravo Martínez había denunciado amenazas previas, incluido un secuestro virtual y un asalto en mayo, y solicitado protección al gobierno estatal, según el PAN. El gobernador Salomón Jara negó que la solicitud formal existiera, lo que generó confrontación entre el Ejecutivo y la oposición. Organizaciones políticas exigen investigaciones exhaustivas, mientras autoridades locales y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) anunciaron operativos y líneas de investigación sin avances públicos significativos hasta el momento.
Distintas posturas emergen en el debate. Sectores de oposición y colectivos ciudadanos señalan una posible complicidad por omisión de las autoridades estatales, que priorizarían evitar señalamientos en su contra en lugar de esclarecer los móviles, ya sean políticos, por disputas territoriales o vinculados al crimen organizado. Defensores del gobierno estatal argumentan que la violencia obedece a problemas estructurales profundos —pobreza, disputas agrarias y presencia de grupos armados en regiones como la Costa y la Mixteca— que trascienden una administración específica, y destacan operativos desplegados. Sin embargo, la rapidez de los hechos y la falta de detenciones inmediatas alimentan críticas sobre la eficacia de las instituciones.
El patrón es preocupante: Oaxaca acumula varios alcaldes asesinados en años recientes. Expertos en seguridad advierten que la impunidad erosiona la confianza en las instituciones y normaliza la eliminación de líderes locales. Familias y comunidades exigen justicia, mientras voces analíticas llaman a una coordinación efectiva entre niveles de gobierno, fortalecimiento de la inteligencia y protección integral a servidores públicos. La Fiscalía investiga los móviles, pero la percepción de lentitud o ineficacia genera indignación social.
Este ciclo de violencia revela la fragilidad de la gobernabilidad en municipios oaxaqueños. Más allá de responsabilidades individuales, urge un análisis profundo sobre las causas raíz y medidas preventivas concretas. La sociedad oaxaqueña y nacional observa con atención si las investigaciones avanzan con transparencia o si, nuevamente, los hechos quedarán en la impunidad. La responsabilidad de las autoridades radica en demostrar que el Estado puede proteger la vida de sus representantes y garantizar el estado de derecho.
