Hay casos en los que la imagen vale más que mil palabras. Y hay instituciones en las que, al parecer, ni mil imágenes alcanzan para acreditar una infracción.
En menos de un año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) cerró dos expedientes que sacudieron la vida política mexicana: el de Pío López Obrador y el de su hermano Martín Jesús, ambos captados en video recibiendo dinero en efectivo de David León, entonces operador político del gobierno chiapaneco de Manuel Velasco, con referencias explícitas al «movimiento» y a Morena.
El INE determinó en agosto de 2025, tras cinco años de investigación, que no le fue posible acreditar que el dinero en efectivo recibido por Pío López Obrador y David León haya sido utilizado en favor de Morena entre 2015 y 2018. La institución reconoció que en los videos David León pedía a Pío que le hiciera saber al «licenciado» que lo estaban apoyando, pero eso no fue suficiente.
En junio de 2026, sin debate ni discusión de por medio, el Consejo General exoneró también a Morena y a Martín López Obrador de financiamiento indebido, aprobando por unanimidad el proyecto del consejero Uuc-kib Espadas. La resolución estableció que los medios probatorios obtenidos no permiten establecer un vínculo causal entre las supuestas aportaciones en efectivo y un financiamiento paralelo en beneficio de Morena.
El argumento central en ambos casos es idéntico: el dinero se entregó en efectivo y no existe rastro bancario que permita seguirle la pista. Esa lógica, que puede ser jurídicamente sostenible, abre sin embargo un flanco político devastador: quien entregue recursos de manera ilícita solo necesita hacerlo en billetes para quedar protegido ante cualquier investigación. El efectivo, en ese razonamiento, funciona como escudo de impunidad.
La oposición no tardó en señalarlo. El diputado Federico Döring lo calificó como «un monumento a la impunidad», mientras señalaba que lo mismo ocurre con otros casos donde Morena queda impune. Los propios consejeros electorales denunciaron que varias instituciones, incluyendo la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se negaron a entregar información al INE en el marco de su investigación. La entidad que investiga no pudo investigar porque otras entidades le bloquearon el acceso a la información. Ese detalle, que debería generar consecuencias institucionales, pasó prácticamente inadvertido.
El contexto institucional agrava las dudas. En abril de 2026, Morena y sus aliados consolidaron mayoría en el Consejo General del INE tras la elección de tres nuevos consejeros, en un proceso que la oposición acusó de dar a la coalición gobernante el control del árbitro electoral rumbo a los comicios de 2030. Especialistas como José Woldenberg han advertido sobre el riesgo de cooptación del organismo, señalando que desde 2023 el INE ha evitado la defensa jurídica de su presupuesto frente a recortes masivos que incluyen 13,000 millones de pesos en 2025 y 3,000 millones en 2026.
Los tres nuevos consejeros —Arturo Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García— fueron nombrados por el bloque mayoritario integrado por Morena y aliados, prometiendo fortalecer la autonomía del órgano e impartir elecciones impecables. Las promesas, sin embargo, son difíciles de evaluar cuando las resoluciones más polémicas ya están tomadas.
Lo que queda es la paradoja: el INE que durante años fue blanco de los ataques de López Obrador por supuestamente favorecer a la oposición, resuelve hoy los casos más sensibles del lopezobradorismo en favor de sus protagonistas. La pregunta que ninguna resolución responde es cuánto vale, ante la justicia electoral mexicana, lo que cualquier ciudadano puede ver con sus propios ojos.
