El INE cuenta con recursos insuficientes para instalar el total de casillas requeridas. Agustín Castilla
En esta semana se tomaron decisiones relevantes que además de incidir en el proceso de revocación de mandato, pueden sentar precedentes preocupantes para nuestro sistema democrático. El martes se discutió en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia la acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores de oposición contra algunos artículos de la Ley Federal de Revocación de Mandato, siendo el punto más importante la pregunta que contempla la opción de que la ciudadanía se pronuncie sobre la permanencia del presidente en el cargo hasta que termine el periodo para el que fue electo, y no únicamente sobre la conclusión anticipada por perdida de confianza como se establece en la Constitución.
Aunque no se reunieron los 8 votos necesarios para invalidar la porción de la pregunta que se refiere a la ratificación de mandato al oponerse 4 ministras y ministros -en su mayoría propuestos por el presidente López Obrador- al proyecto del ministro Pardo Rebolledo con razonamientos muy poco sólidos, no es menor que una significativa mayoría de 7 se haya pronunciado por declarar la inconstitucionalidad al considerar que como está redactada, se contraviene la Constitución y desnaturaliza la figura de la revocación.
Es de llamar la atención que entre los argumentos centrales del presidente de la SCJN estuviera la claridad que debe tener la pregunta para evitar confusión, cuando fue el propio ministro Zaldívar quien propuso una redacción francamente incomprensible para la desafortunada consulta popular celebrada en 2021. Otro argumento esgrimido es que a estas alturas no se debía cambiar la pregunta ya que quienes otorgaron su apoyo lo hicieron con base en dicha redacción, lo que no se sostiene pues en el formato para recabar las firmas no venía la pregunta que habrá de contener la boleta. Como sea, el oficialismo debe estar muy complacido al lograr su cometido y que este ejercicio revocatorio se convirtiera en una costosa simulación para aplaudir al presidente López Obrador.
Pero más grave aún es la confirmación de que el INE está siendo víctima de una estrategia cuidadosamente planeada para colocarlo en una situación muy comprometida y escalar la embestida contra el árbitro electoral. Para refrescar un poco la memoria, el Congreso le impuso la obligación de organizar el proceso de revocación de mandato en los mismos términos que una elección presidencial, al tiempo que le recortó casi 5 mil millones de pesos que representa aproximadamente el 26% del presupuesto requerido, por lo que prácticamente lo dejó sin recursos para este proceso de democracia participativa. Ante ello, el INE recurrió a la SCJN, realizó una serie de ajustes para destinar los mayores recursos posibles a su organización sin descuidar las demás obligaciones constitucionales que tiene por ley, y aprobó la posposición temporal de algunas actividades hasta en tanto no se tuviera claridad del presupuesto con el que podría contar, lo que inexplicablemente derivó en la presentación de una denuncia ante la FGR por parte del presidente de la Cámara de Diputados en contra de las y los consejeros que votaron a favor. La amenaza de persecución penal está latente.
Posteriormente, el INE solicitó a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal conforme a lo ordenado por el TEPJF pero que, como era de esperarse, fue rechazada argumentando que el gobierno tenía otras prioridades -paradójicamente ha sido el mismo gobierno quien impulsó el innecesario y engañoso proceso de revocación de mandato al igual que en el caso de la consulta popular que no tuvo ningún efecto y sólo se dilapidaron recursos muy necesarios por ejemplo para el sector salud-. Tampoco ha recibido respuesta de Talleres Gráficos o CFE sobre el apoyo requerido para impresión de material y boletas o plantas de luz, por lo que incluso se puede pensar en sabotaje.
En este escenario, el INE tendrá que continuar con la organización a partir de los recursos con que cuenta, y que son notoriamente insuficientes para instalar las 161 mil casillas requeridas como ya se había anticipado. Pero la reacción del oficialismo en voz nuevamente del presidente de la Cámara de Diputados evidencia una vez más que se trata de una trampa, al advertir que el INE está obligado a instalar todas las casillas pues de no hacerlo habrá consecuencias. Armaron todo para que el INE no pudiera cumplir, y después culparlo e irse sobre de las y los incómodos consejeros. Así las cosas.
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