Trata de personas en México sigue imparable, pese a dichos oficiales

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En los últimos días, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró que se han obtenido logros importantes para atacar el delito de la trata de personas, ante ello, el Departamento de Estado de EU señaló que si bien las autoridades mexicanas obtuvieron más condenas, éstas no proporcionaron datos completos, abriendo un contante camino de impunidad.

Según el análisis, el Gobierno de México no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave indispensables para lograr la eliminación de la trata de personas en el país, concluyó el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en su último informe sobre Tráfico de Personas 2021.

De acuerdo con la instancia estadounidense, si bien las autoridades mexicanas obtuvieron más condenas, estas no proporcionaron datos completos sobre los esfuerzos de enjuiciamiento, lo que se suma al hecho de que no procesó ni condenó a ningún funcionario público por complicidad en delitos de trata.

Además, especificó que “la corrupción relacionada con trata siguió siendo motivo de preocupación. Algunos funcionarios del gobierno se confabularon con los traficantes o participaron en delitos de trata”.

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También concluyó que el gobierno mexicano tomó medidas limitadas para investigar y enjuiciar los delitos de trabajo forzoso. Un ejemplo de ello es que el gobierno identificó que los estados de Veracruz, Tlaxcala y Guerrero tenían una alta prevalencia de trata, pero las autoridades de estos estados no condenaron a ningún traficante en 2020.

Además, aseguró que no asignó fondos de asistencia a las víctimas requeridos por la Ley, lo que se sumó al hecho de que empleó de manera sistemática un enfoque centrado en las víctimas, por lo que los servicios generales para ellas fueron inadecuados.

Finalmente, respecto a las prácticas de contratación fraudulenta, el gobierno estadounidense concluyó que estas continuaron siendo generalizadas, lo que se mantuvo debido a que las autoridades mexicanas no tomaron medidas para responsabilizar a los reclutadores o agentes laborales.


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