A pesar de que apenas el 2 % de los casos en tribunales migratorios involucra presunta actividad delictiva, las audiencias de fianza están en caída sostenida. La evidencia sugiere un modelo que, lejos de priorizar la evaluación individual, estaría consolidando esquemas de detención prolongada con menor supervisión judicial.
Datos recientes del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) muestran que, hasta febrero de 2026, los jueces de inmigración realizaron 28,951 audiencias de fianza, de las cuales solo 8,050 resultaron en liberación, lo que equivale a una tasa de concesión del 27,8 %. Esta cifra contrasta de forma contundente con los niveles observados entre 2015 y 2016, cuando se celebraban cerca de 65,000 anuales y más de la mitad de los solicitantes obtenía libertad provisional.
“Cuando se compara la caída en audiencias y en tasas de aprobación, lo que se observa no es solo un endurecimiento, sino un rediseño de los beneficios de la fianza dentro del sistema. Pasó de ser un mecanismo de equilibrio, donde un juez evaluaba la detención, a un filtro cada vez más restrictivo”, señaló el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC.
La caída en las audiencias coincide con un incremento significativo en la población detenida, que supera las 70,000 personas en 2026, mientras el número de audiencias no alcanza las 30,000 en varios periodos clave.
“Lo que muestran los datos es una desconexión entre la capacidad del sistema para detener y su capacidad para revisar esas detenciones, lo que termina ampliando los tiempos en custodia sin un control judicial proporcional”, explicó el abogado Quiroga.
Se invierte la tendencia: sube la detención, caen las audiencias
El análisis evidencia un cambio marcado en la dinámica del sistema migratorio. En 2023 y 2024, las audiencias de fianza superaban ampliamente a la población detenida, con cerca de 60,000 audiencias frente a unos 36,000–38,000 detenidos en promedio diario. Sin embargo, a partir de 2025 la tendencia se invierte: la población en detención se dispara hasta cerca de 68,000 y luego a 76,000 en 2026, mientras las audiencias caen de forma sostenida hasta situarse por debajo de 30,000. Esta brecha creciente sugiere un acceso más restringido a la fianza y un mayor tiempo de permanencia en detención para los inmigrantes.
Entre tanto, la proporción de migrantes sin antecedentes que lograba salir en libertad en los primeros 60 días pasó de cerca del 35 % en los últimos meses de 2024 a apenas el 7 % entre 2025 y lo corrido de 2026, mientras que la probabilidad de deportación en ese mismo periodo se duplicó, alcanzando el 57 %.
En paralelo, los datos muestran una realidad diferente a los argumentos del discurso migratorio reciente. En febrero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional presentó 741 casos basados en presunta actividad delictiva, frente a más de 36,300 casos sustentados en infracciones administrativas. Y es que en las últimas dos décadas, los casos vinculados a delitos han caído de más de 4,000 mensuales en 2010 a niveles por debajo de 500 en años recientes.
“La evidencia refleja que los casos por delitos son minoritarios, pero la respuesta institucional no distingue con la misma claridad, y eso tiene efectos en cómo se procesa a las personas”, agrega el abogado de inmigración Héctor Quiroga.
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