En el mundo, si tomamos como referencia las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, los números de casos confirmados y de lamentables defunciones por covid-19 van a la baja en un conjunto amplio e importante de territorios. De ahí que despierte un sentimiento de optimismo el constatar que este escenario de mayor salud pública también se presente tanto en Estados Unidos como en nuestro país, con lo cual la tercera ola se encamina en una tendencia que, previsiblemente, proyecta la pérdida de su fuerza.
Resulta optimista porque, primero, de acuerdo con datos oficiales, los contagios han caído 35% durante el último mes en suelo estadunidense, así como 25% su número de hospitalizaciones. Segundo, en México la disminución también es alentadora dado que —de tomar como válido lo afirmado por la Secretaría de Salud federal—, la pandemia se ha reducido 21 por ciento en fechas recientes y la ocupación hospitalaria a nivel nacional se desplomó un 71% en comparación con el máximo observado en la pandemia.
Y tercero, de sostenerse esta evolución positiva, la región de Norteamérica vivirá condiciones favorables para una reactivación más potente y con mayor certidumbre que la observada hasta ahora. Esto como producto de un alto porcentaje de ciudadanos con esquema completo de vacunación, los adelantos científicos en tratamiento y medicamento contra covid-19 que salvan vidas con efectividad, así como los cientos de miles de personas que se repusieron de la enfermedad y cuentan con una inmunidad al coronavirus. Misma que —según estudios científicos— podría extenderse por meses o incluso durar años.
Por eso, ahora más que nunca, resulta pertinente la reflexión de, si como la salud pública, la economía mexicana podrá restablecerse en el mediano y largo plazo con similares horizontes prometedores. Sin duda, uno de los motores que impulsan el crecimiento de nuestro país refiere a la actividad económica en Estados Unidos, la cual habrá de alcanzar, en 2021, el mayor ritmo “en una generación” con una tasa de crecimiento del orden de siete por ciento, y el próximo año de casi cinco puntos porcentuales, según estimaciones del FMI.
Una clara señal de este empuje inicial, de la cual México es beneficiario directo, es el récord de remesas enviadas desde EU, que alcanzó los 28 mil millones de dólares en los primeros siete meses del año, según dio a conocer en fechas recientes el Banxico. Fenómeno producto no sólo de los apoyos financieros gubernamentales brindados a los trabajadores en ese país, sino también del dinamismo en la reactivación paulatina y creciente que viven los distintos mercados de su economía.
Otro de los motores para aprovechar al máximo la reactivación de Estados Unidos es el ofrecido por el marco legal de la economía mexicana. Las reglas del juego en la que se desenvuelven emprendedores, comerciantes y empresarios —que son exactamente las mismas que determinan la estabilidad laboral y los ingresos de millones de trabajadores formales— son esenciales porque de ellas depende también la generación de certidumbre, inversión, tecnología e innovación, con las que se asegura el desarrollo regional del país. Es así que la fortaleza y bienestar de todos los sectores productivos se explican en gran parte por la calidad de la regulación y por las ventanas de oportunidad que ésta ofrece para expandir las cadenas de valor.
Entonces, es en esta coyuntura crucial donde necesitamos de los mejores factores para acelerar una reactivación sostenida, que el Congreso de la Unión adquiere una responsabilidad mayúscula en deliberar los mejores marcos normativos que detonen ese crecimiento. Entre los retos que tiene entre sus manos la naciente Legislatura está la posible redefinición del sector eléctrico nacional. Los especialistas han subrayado los riesgos de asegurar artificialmente la dominancia de una empresa pública que carece de eficiencia, sin recursos públicos suficientes para la generación de la infraestructura necesaria que acerque energía barata y de calidad, así como contraria a la certidumbre jurídica de privados —entre los cuales se cuentan los trabajadores del sector—, así como a los acuerdos comerciales sostenidos con nuestro principal socio.
Toca a la pluralidad del Congreso mantener una dinámica sana de las actividades económicas con base en una regulación acorde, más aún una tan relevante por sus implicaciones como representa el sector energético. Ya veremos de qué está hecho el Congreso para resolver un reto que a todos afecta.
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