Está en el ánimo de todos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cumpla con su utilidad social. Función que está orientada, primordialmente, desde su creación, a garantizar un acceso universal a los mexicanos de este tipo de energía, no sólo en términos de las mejores condiciones de servicio y precio; sino como una palanca eficiente que promueva el crecimiento económico y el desarrollo regional. A esta utilidad social, en años recientes se le ha añadido el impulso de su transición hacia fuentes limpias de generación, con el fin de mitigar los crecientes riesgos del cambio climático.
Así, al recordar que en 1937 la CFE nace porque tan sólo siete millones —de un total de dieciocho millones de mexicanos— contaban con acceso a electricidad, la cual, además, se prestaba a partir de un servicio caro e inestable; la Comisión encuentra su razón de ser en la construcción de condiciones que garanticen los mayores beneficios a la sociedad, en particular a la población más vulnerable. Por eso, llama la atención que el Movimiento Regeneración Nacional, junto con sus aliados legislativos, se preste a aprobar hoy, en el pleno de la Cámara de Diputados, una reforma en el sector eléctrico que no sólo traiciona la utilidad social de la CFE, sino que pone en entredicho el supuesto compromiso de ese partido político con el bienestar de los mexicanos que viven con menores recursos y oportunidades.
Esto, primero, porque se sabe que el sector energético es uno de los principales contribuyentes de las emisiones de gases de efecto invernadero, que agudizan los efectos nocivos de la contaminación en la calidad de vida de las personas. En especial cuando la generación se produce a partir de combustibles fósiles. Los datos de un análisis elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria son demoledores: en México mueren anualmente más de 49 mil personas por contaminación ambiental, y los gastos de salud para la cura de enfermedades relacionadas con este tipo de contaminación las estima en casi diez mil millones de pesos al año. Cabe considerar, además, que la contaminación continua del suelo, el agua y el cielo conlleva impactos crecientes de salud en el mediano plazo.
Segundo, los altos costos que tiene el cambio climático en la economía. Según la consultora especializada Moody’s Analytics, de mantenerse la inercia del deterioro ambiental, le costaría 69 trillones de dólares a la economía global hacia el año 2100. Nuestro país ya comenzó a pagar los platos rotos en este rubro, pues, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre 1990 y 2017 se generaron cerca de 37 mil millones de dólares en costos por desastres provocados por fenómenos naturales. La propia UNAM ha advertido que, en 2050, el costo del cambio climático en México podría alcanzar siete puntos del Producto Interno Bruto.
Tercero, la transición global hacia la mayor capacidad instalada de energías limpias comprueba que las fuentes de trabajo son más amplias y competitivas al abandonar las fuentes de generación contaminante. La Asociación Internacional de Energía Renovables, en su reporte 2020 sobre energía renovable y empleos, comprueba que por cada millón de dólares invertidos en éstas genera 7.5 trabajos de tiempo completo, frente al 2.6 que se crean en inversiones vinculadas con energías fósiles.
Y cuarto, si de recibos más bajos se trata, basta resaltar que la propia CFE reconoce que la producción de electricidad con combustóleo es, cuando menos, el doble de costoso que hacerlo con fuentes renovables. Por ello, la reforma que está por aprobarse es un contrasentido de quienes dicen estar del lado de los más vulnerables. Son estos segmentos de la población quienes más expuestos están a los efectos devastadores que tiene el cambio climático en su patrimonio, los que más dependen de la estabilidad que da la productividad de su empleo, así como quienes más gastan en proporción de sus ingresos en medicinas y servicios públicos, como es la luz.
Llama la atención que los legisladores de Morena hablen de “saqueo” en el sector eléctrico mientras no han hecho del conocimiento público un sólo escándalo de años anteriores en la CFE. Y cuando lo hacen en el sector, como es en el caso de Pemex, los presuntos responsables están plácidamente en la sala de su casa. Hablan de recuperar la “soberanía energética nacional”, cuando la CFE controla las redes de transmisión y distribución de electricidad. Factores sin los cuales es imposible acusar la imposición de intereses particulares sobre los objetivos superiores del Estado mexicano.
Ante la cerrazón legislativa, sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá salvar a los más vulnerables, en apego a lo que estipula nuestra Constitución.
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