El partido oficial recurrirá a su bandera política más exitosa para los comicios que se realizarán en 2027 –en los que se renueva la Cámara de Diputados y varias gubernaturas– y en 2030 –con la renovación del Congreso y la presidencia de la república–, por lo que volveremos a escuchar la narrativa de que los programas sociales estarán en riesgo si gana la oposición.
Para la oposición –incluyendo a los nuevos partidos que obtengan el registro– esto representa un reto mayúsculo, pues no cuentan con propuestas novedosas, enfrentan el rechazo ciudadano –como en el caso del PRI y del PAN– y no cuenta con liderazgos que puedan rivalizar con los cuadros que Morena presentará en los comicios futuros, a excepción de Luis Donaldo Colosio Riojas de Movimiento Ciudadano, pero sin alianzas –hay que recordar que este partido se inclina por participar en solitario en los procesos electorales– no garantiza el triunfo si sólo se depende de un candidato atractivo para los electores.
Es por esto que el tema que la oposición pueda utilizar en las campañas adquiere una dimensión especial por tratarse de un elemento que pudiera hacer la diferencia en una campaña en la que se enfrentará a un partido oficial con recursos cuantiosos a su disposición y una narrativa que ha permeado exitosamente entre amplias capas de la sociedad.
Entre las opciones que tiene la oposición para tratar de dar la batalla, la seguridad pública es el que tiene mayores posibilidades de rendir frutos electorales que la acerquen al triunfo.
Lo anterior debido a que la percepción de inseguridad suele ser aún más influyente en el comportamiento electoral. Si los ciudadanos sienten que su entorno es peligroso o que no hay avances en materia de seguridad, esto puede generar descontento hacia el gobierno en turno.
Y las cifras indican que se trata de un talón de Aquiles de Morena: México enfrenta una crisis de seguridad estructural; según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2023 se registraron 30 mil 500 homicidios, una tasa de 24.9 por cada 100 mil habitantes, una ligera disminución desde el pico de 28 por 100 mil en 2021. Sin embargo, esta reducción no refleja una mejora sustancial en las políticas de seguridad, sino fluctuaciones en las dinámicas entre grupos criminales. Entre 2018 y 2024, se reportaron más de 184 mil homicidios, haciendo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador el más violento en la historia reciente.
El activismo de grupos feministas también puede ayudar a la causa opositora, pues entre 2015 y 2021, los feminicidios crecieron un 135%, con 1,004 casos en 2021. En los primeros cinco meses de 2024, se registraron 331 feminicidios y 1,094 homicidios de mujeres, con un promedio de 65 mujeres asesinadas semanalmente. La impunidad, con solo 739 condenas de 3,059 casos investigados entre 2012 y 2018, agrava la percepción de inseguridad entre las mujeres.
Además tenemos dos delitos que generan preocupación social y que pueden ser aprovechados por la oposición: los secuestros y desapariciones; las desapariciones han aumentado, con más de 100 mil personas reportadas como desaparecidas desde 2018. En 2023, las mujeres y niñas representaron una proporción significativa de estos casos, con 41.4% concentrados en 49 municipios. Los secuestros, a menudo ligados a grupos criminales, afectan tanto a migrantes como a la población local, con un aumento reportado en ciudades como Ciudad Juárez en 2023.
Asimismo, los propios políticos pueden aportar sus testimonios al ser víctimas, ya que entre 2018 y 2024, se registraron 1,709 ataques contra políticos, incluyendo 356 asesinatos, un incremento del 270.6% en violencia político-criminal. En 2024, 12 candidatos fueron asesinados durante el proceso electoral, principalmente a nivel municipal.
De igual manera, el impacto económico de la violencia es igualmente alarmante. En 2021, el costo de la misma alcanzó 4.9 billones de pesos (19.8% del PIB), equivalente a 37 mil 430 pesos por ciudadano. Esta carga económica, combinada con la percepción de inseguridad (77% de las mujeres reportan sentirse inseguras), amplifica la relevancia de la seguridad en el discurso político.
Si estas cifras no disminuyen significativamente para 2027 y 2030, podrían polarizar aún más el debate político, con partidos opositores capitalizando el descontento para ganar votos. Esto podría llevar a cambios drásticos en las preferencias electorales, especialmente si los candidatos ofrecen propuestas innovadoras o disruptivas en materia de seguridad.
La experiencia en países como El Salvador o el discurso de Donald Trump para salvar a su país de los criminales –en especial los migrantes–, nos da idea de la efectividad de estrategias basadas en este tema con candidatos que tengan propuestas para resolver este problema y con un partido oficial que insistirá en que se han hecho las cosas bien y que todo es culpa de los culpables de siempre, el PRIAN, pero con un desgaste luego de un par de sexenios en el poder sin ofrecer resultados satisfactorios para la población.
La seguridad es un tema que trasciende ideologías y afecta a todos los sectores. Encuestas muestran una creciente polarización política, con un aumento en la brecha de aprobación del gobierno entre izquierda y derecha (de 21 puntos en 2002 a 83 en 2020). Si la violencia persiste, la oposición (PAN, PRI, PRD) podría capitalizar el descontento, acusando a Morena de ineficacia.
El tema de la seguridad pública será un factor crucial en las elecciones de 2027 y 2030 en México. Las cifras de delitos como homicidios, secuestros y feminicidios, junto con la percepción ciudadana de inseguridad, tendrán un peso determinante en las decisiones de los votantes. Los partidos políticos y candidatos que logren articular propuestas claras y viables para abordar este problema tendrán una ventaja competitiva.
La única pregunta luego del panorama descrita es si la oposición tendrá la inteligencia y el deseo de andar por este camino.
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