Una cosa es la argumentación comunicacional de mensajes en las mañaneras y otra muy diferente la falta de preparación para explicar fenómenos sobre todo económicos que afectan la estabilidad del mercado. El problema de la inflación no es del secretario de Hacienda como la Patita que va al mercado a ver los precios, sino que hay una instrumentación científica que se llama ponderación de precios de decenas de miles de lugares de venta de productos en casi 60 ciudades de la República.
La presidenta Sheinbaum mostró su indignación porque la tortilla tiene un precio en el mercado y otro en el supermercado, pero la determinación de la inflación en ese producto es de un promedio de miles de lugares donde se expende. Cuando empezó la inflación en México, los periodistas financieros bromeaban diciendo que el Banxico –que investigaba los precios– debía revelar los sitios donde un kilo de tortillas era más barato para ir a comprar ahí. Pero podría darse el caso de que la tienda más barata estuviera en Tijuana y no en el mercado de la esquina.
El INEGI hoy –que hace la investigación sobre la inflación– tiene dos estadísticas básicas: la encuesta desagregada de ingreso-gasto y el índice de ponderación de lo que cada consumidor gasta en cada uno de los productos –y son cientos–, además de que conoce los miles y miles de lugares de venta de cada producto en toda la República, conjunta la información y saca los promedios –ponderados, sería la palabra técnica– que luego se distribuyen en el reporte quincenal/mensual de la inflación.
Los precios se establecen, incluyendo los controlados, en función del mercado porque ningún comerciante vas a poner precios que ahuyenten a los consumidores. La competencia en los precios, esencia de libre mercado, es lo que obliga al consumidor ser más exigente en sus sitios de compra a partir de comparativos de precios.
Los precios tampoco se establecen en función del artículo específico de que se trate. Economistas con sentido común presentan como lección económica el chiste el caso de la tamalera en la calle que subió el precio de su producto por un alza en el precio del azúcar; un consumidor le reclamó con sensatez lógica una explicación razonable porque los tamales no llevan el dulce, pero la respuesta de la comerciante en la calle fue lo más sencillo posible: los tamales, no, pero mi cafecito sí, y yo vendo tamales para vivir y comprarme mi cafecito.
No se sabe si por desconocimiento técnico, falta de preparación del tema o hasta por frivolidad permisible en una conferencia de prensa que se habla de todo para hablar de nada, el caso es que la presidenta Sheinbaum se sorprendió por el alza de precio en el jitomate y en las tortillas en comparación de sitios de venta y dijo haber instruido al pomposo y todopoderoso secretario de Hacienda para que tomara su canastita del mandado y se fuera a revisar los precios al mercado.
Para poder tener una pulsación más o menos creíble, el secretario Edgar Amador Zamora debió –en caso de cumplir la instrucción presidencial– de visitar cuando menos diez mil mercados en 60 ciudades y hacer su propia ponderación.
El índice de ponderadores de gasto por producto es muy preciso: por ejemplo, se tiene el dato de cuánto de su gasto total dedica un consumidor a comprar un kilo de tortillas y ahí se puede percibir que una variación a la alza en el precio disminuye la disponibilidad de recursos salariales y obliga al consumidor a dejar de comprar otros productos para darle prioridad a las tortillas, y en caso contrario, el consumidor pudiera tener recursos adicionales en el porcentaje de su gasto que dedica a las tortillas si el precio baja en un día. Los ponderados de precio son razonables porque se manejan con muy complicas fórmulas matemáticas que funcionan en todas las economías capitalistas.
Y luego viene la decisión de regresar al populista control de precios para obligar a los comerciantes –que son a su vez consumidores a través de sus utilidades de venta– a bajar precios para que el pueblo no reclame, en lugar de identificar las razones del alza de precio que corresponden a políticas públicas de desarrollo económico y operar sobre ellas. Esto no es nuevo: lo inventó el presidente capitalista neoliberal Miguel Alemán cuando decretó la intervención económica del Estado, lo privilegió a diestra y siniestra el presidente Echeverría y los neoliberales Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari salieron con su Pacto de Solidaridad Económica que es la fuente técnica, política e ideológica del populismo de López Obrador y el Acuerdo de Sheinbaum para luchar contra la inflación a través del control de precios impuesto a la mala a los comerciantes.
El problema de los precios no se va a resolver con el secretario de Hacienda y su canastita del mandado supervisando precios y sin tener ninguna autoridad para sancionar presuntas violaciones. Los precios finales se fijan con la suma de precios relativos que corresponden a la política pública y desde luego con el sobreprecio del vendedor como consumidor.
Política para dummies: la política está en el pueblo, si saben entenderlo.
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