Por: Juan Miguel Alcántara
El presidente López Obrador anuló la autonomía del Poder Legislativo al exigirle aprueben sus leyes “sin mover una coma”. Y avanza en suprimir la independencia de los ministros de la Corte, al reclamar validen la “Ley Zaldívar”, “de lo contrario serán corruptos”, les dijo. El dilema para estos es ineludible. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue mi alumno en la Escuela Libre de Derecho, de Sociología, (era yo adjunto de Isaac Guzmán Valdivia), y de Filosofía del Derecho. Se recibió en 1985. En 1988, siendo yo diputado federal, lo invité de ponente a un seminario de Derecho Político que organicé para el grupo de diputados del PAN, al que coordinaba para elaborar la propuesta legislativa que acompañó la exigencia de Luis H Álvarez de reforma política al ilegítimo presidente de origen, Salinas. Así concretamos la creación del IFE, la credencial de elector con fotografía y otras instituciones y procedimientos que aun enmarcan las elecciones. En noviembre del 2009 el Presidente Calderón, coetáneo suyo en la Libre, lo propuso en terna para ministro de la Corte, y el Senado lo eligió. El 2 de enero de 2019 fue electo por ministros presidente de la Corte, por cuatro años, que concluyen el 31 de diciembre del 2022. El pasado viernes 23 de abril, le dieron en las Cámaras la “Ley Zaldívar”: un artículo transitorio añadido de último momento por el Verde en la nueva Ley Orgánica de ese Poder Judicial, que hace de seis años su período para presidir. AMLO lo quiere para concentrar más poder.
Todo alumno de derecho desde primero aprende los ámbitos de validez de una norma jurídica, que del Art. 97 constitucional son: (i) Solo a los once ministros de la Corte corresponde elegir a su presidente. No al Congreso de la Unión, ni al Ejecutivo. (ii) Por un período de solo cuatro años; (iii) Que no se puede ampliar bajo ninguna fórmula o circunstancia, sea la reelección inmediata o cualquiera otra. También aprende que las leyes contienen normas generales e impersonales respecto del destinatario, en contraposición a normas que tienen por destinatario un individuo, como hoy la “Ley Zaldívar”. Y son abstractas (regulan una clase de acciones, y se le contraponen normas concretas).El Art. 13 constitucional prohíbe juzgar por leyes privativas o especiales. La generalidad e impersonalidad son garantía de igualdad, y el carácter abstracto, garantía de certeza, en un Estado de Derecho.
El abogado Zaldívar sabe que este transitorio de una ley jerárquicamente inferior a la Constitución es una injerencia y abuso del Poder Legislativo en el ámbito personal de validez de la norma que asigna esa decisión solo a los ministros de la Corte. Discrimina a los demás ministros que podrían presidirla, a los que AMLO además denigra (como lo hace a otros jueces y magistrados). Y conforme a Tratados internacionales, que son Ley Suprema junto con la Constitución, los otros ministros tienen derecho a acceder a ese cargo público en condiciones de igualdad. Zaldívar dijo que espera las impugnaciones de cuyo estudio y resolución se excusará por ser parte interesada. Lavarse las manos es irresponsable y desconoce el deber político fundamental previsto en el Art. 11 de la Ley Orgánica de ese Poder: “Velar en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros”; conforme a su Fracción IX debe iniciar de oficio la consulta al Pleno para determinar si ésta norma atenta contra la autonomía del Poder Judicial, y si es constitucional o no. Para salvar el honor del abogado, del presidente, y de la Corte, debe usar este recurso. Él sabe que se necesitan ocho votos de entre los once ministros para declarar inconstitucional “su ley”, pero los tres ministros designados por el presidente López –incondicionales- y él lo pueden impedir. Desde la Declaración de los Derechos del Hombre, de la Asamblea Francesa, en 1789, se estableció: “Una sociedad que no tiene asegurado los derechos humanos y la separación de poderes no tiene constitución”. De Zaldívar depende asegurar o no la separación de poderes, y dejarnos sin constitución. ¿Mantendrá el sentido del honor?
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