El estado de Sinaloa vive un momento de alta tensión política al interior del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), donde el gobernador Rubén Rocha Moya impulsa un juicio de procedencia contra el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Este proceso, que busca desaforar al edil para enfrentar cargos penales por presuntas irregularidades en el arrendamiento de patrullas, ha desatado acusaciones de persecución política y ha profundizado las fracturas dentro del partido rumbo a la sucesión gubernamental de 2027.
Este informe analiza los antecedentes, las implicaciones y las posibles motivaciones detrás de este conflicto.
Antecedentes del Conflicto
Gerardo Vargas Landeros, un político con una trayectoria que incluye militancia en el PRI y un paso por el gobierno de Mario López Valdez, se convirtió en un actor relevante en Morena al ganar la alcaldía de Ahome en 2021, con el respaldo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, su relación con Rubén Rocha Moya, gobernador desde 2021, ha sido tensa desde que ambos compitieron por la candidatura a la gubernatura en 2020. Vargas, junto con otros morenistas como Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres, representó una oposición interna que Rocha no ha olvidado.
El juicio de procedencia contra Vargas se centra en el arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones de pesos en 2021, adjudicado directamente a la empresa Grinleasing, SAPI de CV, sin cumplir con los procedimientos de adquisición pública, según la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General del Estado. Este caso no es aislado: Estrada Ferreiro y Benítez Torres, también rivales de Rocha, enfrentaron procesos de desafuero por irregularidades similares, lo que ha generado sospechas de un patrón de persecución contra adversarios políticos.
Desarrollo del Proceso
El 28 de abril de 2025, el Congreso de Sinaloa, dominado por Morena, aprobó en una sesión secreta iniciar el juicio de procedencia contra Vargas y el diputado local Genaro García Castro, exsecretario del Ayuntamiento de Ahome. La votación, con 38 de 40 legisladores presentes, refleja el control político de Rocha sobre el legislativo estatal. La notificación del proceso se entregó al día siguiente en el Ayuntamiento de Ahome, aunque Vargas no estuvo presente.
Vargas ha respondido con vehemencia, anunciando que se defenderá “con todo” tanto jurídica como políticamente. Calificó el procedimiento como apresurado y cuestionó la imparcialidad de la Fiscalía, argumentando que sus 43 años de trayectoria en el servicio público avalan su integridad. Además, destacó los logros de su administración, como la seguridad en Ahome y la atracción de inversión extranjera, lo que lo posiciona como un contendiente fuerte para la gubernatura en 2027.
Implicaciones Políticas
El conflicto trasciende el ámbito legal y revela una lucha de poder al interior de Morena. Militantes y analistas han comparado la estrategia de Rocha con el intento de desafuero contra López Obrador en 2005, acusándolo de usar el aparato estatal para neutralizar a Vargas, quien es visto como un rival para la sucesión gubernamental. Se especula que Rocha busca allanar el camino para su aliado, el senador Enrique Inzunza, como candidato a gobernador.
La percepción de “canibalismo político” dentro de Morena ha generado críticas. En redes sociales, usuarios y medios han señalado que Rocha actúa con motivaciones personales, debilitando la unidad del partido en un estado clave para la Cuarta Transformación. Algunos incluso han pedido la revocación de mandato del gobernador, aunque esto parece improbable dado su control sobre las instituciones locales.
Contexto Estatal
Sinaloa enfrenta desafíos significativos, como la violencia derivada del conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa, que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos desde septiembre de 2024. En este contexto, el enfrentamiento político distrae de la atención a problemas urgentes y erosiona la confianza en las autoridades. Vargas, al mantener a Ahome como un municipio relativamente seguro y económicamente dinámico, ha capitalizado esta situación para reforzar su imagen.
Conclusión
El intento de juicio político contra Gerardo Vargas Landeros refleja una lucha de poder dentro de Morena en Sinaloa, donde Rubén Rocha Moya parece decidido a eliminar a sus rivales internos. Aunque el proceso se fundamenta en presuntas irregularidades administrativas, las acusaciones de persecución política son difíciles de ignorar, especialmente por el historial de desafueros contra otros opositores de Rocha.
Este conflicto no solo pone en riesgo la unidad de Morena, sino que también podría tener repercusiones en la gobernabilidad de Sinaloa, un estado ya golpeado por la inseguridad. La resolución de este caso será crucial para definir el futuro político de la entidad y la dinámica interna del partido en el noroeste de México.
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