A un año de que arranque el proceso electoral de 2027, Morena exhibe una paradoja: el partido que gobierna con mayoría en ambas cámaras del Congreso, 24 gubernaturas y la Presidencia de la República atraviesa, simultáneamente, uno de sus momentos de mayor fragmentación interna desde su fundación. La confrontación entre el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y la actual mandataria, Marina del Pilar Ávila, es solo el capítulo más reciente de una guerra de posiciones que involucra a media docena de figuras del movimiento y que empieza a proyectar sombras sobre 2030.
El caso Bonilla-Ávila condensa varios de los males que aquejan al partido guinda. Bonilla, expulsado de Morena en 2023 y hoy aliado del PT, ha insistido públicamente en que existen nexos entre la gobernadora y el crimen organizado, señalamiento que data de 2022, cuando aún era senador y habló de «arreglos» con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ávila, por su parte, promovió el proceso penal que mantiene vinculado a Bonilla por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones en el caso de la planta fotovoltaica Next Energy. La disputa escaló esta semana cuando Marina del Pilar acusó a Bonilla de haberle tendido una trampa para obtener los audios que el columnista Héctor de Mauleón difundió, en los que se le escucha ofreciendo compartir «lo que he escuchado en las mesas de seguridad» con presuntos intermediarios del FBI. La controversia se originó el 21 de junio de 2026, cuando de Mauleón publicó un primer audio de la gobernadora dialogando con un presunto asesor externo del FBI sobre una reunión en el Consulado estadounidense en Tijuana. La propia presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Ávila, mientras el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvo que la conversación no comprometió información sensible.
La pelea bajacaliforniana no es un hecho aislado. En Chihuahua, la definición de la candidatura a la gubernatura ha exhibido las costuras de la alianza entre Morena, el PT y el Partido Verde. Los principales contendientes son la senadora con licencia Andrea Chávez y el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y mientras el Verde condicionó su respaldo a la coalición a que Pérez Cuéllar sea el coordinador estatal, el PT anunció su respaldo a Chávez por considerarla la aspirante con mayor cercanía al institut. El fenómeno se repite en al menos diez de los diecisiete estados que renovarán gubernatura en 2027, desde San Luis Potosí —donde el Verde impulsa a la esposa del gobernador pese a la prohibición de nepotismo impulsada por Sheinbaum— hasta Michoacán, Nayarit y Guerrero.
A esto se suma el desgaste protagonizado por Adán Augusto López Hernández, quien dejó en febrero la coordinación de Morena en el Senado en medio de señalamientos por el caso de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de liderar el grupo criminal «La Barredora». Meses antes, López Hernández había protagonizado un cruce público de acusaciones con el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, por presuntos contratos irregulares en el Senado, episodio que Sheinbaum calificó entonces como «algo menor» pero que expuso fisuras de liderazgo dentro de la bancada mayoritaria.
El otro frente abierto es económico y también genera señalamientos cruzados: la decisión de Estados Unidos de no prorrogar el T-MEC por dieciséis años, sino someterlo a revisiones anuales, ha colocado al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el centro de las críticas tanto de la oposición como de sectores internos de Morena. Detractores en el gabinete y en el partido le achacan no haber convencido a Washington de que México ofrece garantías para prolongar el tratado, en un contexto donde ya es un secreto a voces su aspiración a la candidatura presidencial de 2030. La oposición, por su parte, ha vinculado el traspié comercial con la defensa que el gobierno federal ha hecho de gobernadores señalados por Estados Unidos, como el caso de Rubén Rocha Moya en Sinaloa.
Las filtraciones —de audios, de contratos, de acusaciones entre correligionarios— configuran un patrón que trasciende cualquier disputa aislada: un partido donde la disciplina que caracterizó su etapa fundacional cede terreno ante la disputa abierta por el poder territorial y la sucesión presidencial. La pregunta de fondo, la que Morena tendrá que resolver antes de 2027, es si estas fracturas son el costo inevitable de gobernar con hegemonía o el primer síntoma de un desgaste que podría costarle votos, gubernaturas y, eventualmente, la propia Presidencia en 2030.
