La percepción de que la ley se aplica de manera discrecional según la afinidad política o ideológica ha ganado terreno en el debate público mexicano. Esta visión sostiene que pertenecer a ciertos círculos partidistas o compartir posturas ideológicas genera una protección implícita frente a acusaciones graves, mientras que el rigor judicial se reserva para adversarios. Analistas críticos argumentan que esta normalización erosiona la igualdad ante la ley, principio fundamental de cualquier Estado de derecho. Defensores del gobierno actual rechazan la idea y la atribuyen a una narrativa opositora destinada a deslegitimar avances en materia de transformación social.
Un caso reciente ilustra el punto. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner tras la ratificación de su condena a seis años de prisión por irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Argentina. Sheinbaum calificó el fallo como un asunto “más político”, enviando mensajes de apoyo como “mucha fuerza, Cristina”. Para sus críticos, este respaldo ignora las pruebas judiciales y prioriza la afinidad ideológica sobre la responsabilidad penal. Desde la perspectiva oficial, se trata de solidaridad con una dirigente perseguida por motivos políticos en un contexto de disputa partidista.
Otro episodio involucra al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Este reconoció que su hijo residió durante seis meses en la residencia de la embajada de México en el Reino Unido, sin cargo oficial, mientras realizaba cursos. La oposición presentó denuncias por posible peculado y uso indebido de recursos públicos. Ebrard defendió la decisión como un acto paternal y negó abuso de fondos. Sus partidarios destacan su trayectoria y “buen trabajo” en el gobierno; los detractores ven en el silencio presidencial una tolerancia selectiva que no se aplicaría a funcionarios de otros partidos.
Recientemente, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, presentó un proyecto de amparo que favorece al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dirigido por su hermano Martí Batres, evitando el pago de más de 5 mil millones de pesos en impuestos locales. Aunque el artículo 51 de la ley de amparo obliga a los ministros a excusarse en casos de parentesco directo, el pleno aprobó el proyecto por mayoría. Críticos señalan un claro conflicto de interés; defensores argumentan que la resolución se basó en interpretaciones constitucionales sobre exenciones a inmuebles públicos, sin que el lazo familiar invalide el fondo jurídico. El presidente de la Corte incluso sugirió posponer la discusión por posibles implicaciones políticas.
Estos hechos contrastan con el pasado de Sheinbaum. Durante el fraude electoral alegado en 2006, participó en protestas que incluyeron “cajas vacías” como evidencia simbólica. Su entonces esposo, Carlos Imaz, recibió recursos del empresario Carlos Ahumada para actividades partidistas, episodio que ella ha contextualizado como financiamiento para brigadas electorales. Para algunos, esta trayectoria revela una visión instrumental de la ley: rigurosa cuando conviene y flexible cuando afecta a aliados.
El debate divide opiniones. Una postura defiende que la lealtad ideológica y los logros colectivos justifican cierta tolerancia ante irregularidades aisladas, priorizando el proyecto de nación sobre casos individuales. La contraria insiste en que la responsabilidad debe ser universal: permitir excepciones según el partido o la ideología fomenta la corrupción sistémica y debilita las instituciones. Expertos en derecho constitucional advierten que, sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas, la confianza ciudadana en la justicia se deteriora.
En última instancia, la normalización de la impunidad selectiva no solo genera polémica, sino que plantea un desafío estructural: ¿puede un gobierno que promete honestidad y transformación sostenerse si aplica la ley de forma diferencial? El equilibrio entre lealtad política y apego estricto a la norma define, en gran medida, la calidad de la democracia.
