Órale, compas, ya se armó la de Dios es grande. Después de que Estados Unidos le soltara la bomba al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con un senador, el alcalde de Culiacán y varios funcionarios más por supuestos abrazos al Cártel de Sinaloa (concretamente a la facción de Los Chapitos), el ambiente huele a que esto apenas empieza. La acusación del Departamento de Justicia no fue un tiro al aire: habla de sobornos, protección y apoyo electoral a cambio de dejar trabajar al narco. Rocha niega todo y lo llama ataque político, pero la solicitud de extradición ya está sobre la mesa de la FGR.
El chiste es que Sinaloa no es el único patio con sospechosos. La atención de los gringos, según reportes y filtraciones que circulan desde hace meses, se está moviendo rápido hacia Baja California y Tamaulipas. En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila ya vivió el trago amargo de que le cancelaran la visa, junto con su esposo, por presuntos temas de lavado y cercanía con facciones locales como Los Rusos. No es acusación formal todavía, pero el radar está encendido.
En Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal también ha cargado con señalamientos viejos y nuevos sobre posibles nexos con grupos del Cártel del Golfo o remanentes de Los Zetas. El estado fronterizo siempre ha sido tierra fértil para estos rumores: control de plazas, aduanas y rutas de trasiego que valen millones. No son los únicos, claro. Históricamente, gobernadores de todos los colores han sido mencionados cuando el poder y el dinero sucio se juntan.
Lo sarcástico del asunto es que mientras en México se grita “¡Soberanía!” y se exige que las pruebas vengan completitas, del otro lado del río siguen acumulando carpetas con testigos protegidos, seguimientos financieros y grabaciones que tarde o temprano salen a la luz. ¿Quién sigue en la mira? La lista de posibles “nonsantos” es larga: alcaldes de ciudades fronterizas, secretarios de seguridad estatales y hasta algunos legisladores que han hecho carrera en zonas calientes.
Al final, esto pone a prueba la famosa responsabilidad de las instituciones mexicanas. Si la FGR actúa con rapidez y transparencia, bien. Si se hace la del “ni modo” o el “falta de elementos”, el vecino del norte no se va a quedar cruzado de brazos. Y los ciudadanos, hartos de balazos y fentanilo, se preguntan si algún día verán caer a los de arriba como caen los de abajo.
Mientras tanto, en Morena y en la oposición, todos se persignan y miran de reojo al de al lado. Porque cuando el Departamento de Justicia agarra vuelo, no distingue partido: nomás sigue el rastro del dinero y la coca.
