Por: Aminadab Pérez Franco
Se suponía que el cambio de gobierno en 2018 serviría para que en México la política fuera distinta. El presidente López Obrador insiste cada mañana que su gobierno es diferente al del “antiguo régimen” y que no ejerce su mandato con las formas y usos del pasado.
Sin embargo, más allá de las palabras, la evidencia al alcance de los mexicanos es que la política sigue siendo la misma de siempre: las mismas mañas, la misma incapacidad, la misma corrupción, la misma demagogia, la misma sed de poder absoluto y las mismas mentiras y justificaciones.
En lo que va del siglo XXI todos los políticos han prometido el cambio: el año 2000, Fox logró la primera alternancia democrática pero dejó intactos a los poderes fácticos y a los intereses del régimen posrevolucionario; en 2012, Enrique Peña Nieto encabezó el regreso del “nuevo PRI” que terminó siendo, desde el gabinete hasta los gobernadores, una versión más corrupta e incapaz que la de los peores gobiernos priístas del siglo XX.
Hace tres años, López Obrador llegó a la Presidencia prometiendo transformar las instituciones de la mafia del poder y los abusos económicos del modelo neoliberal para sacar al país de la violencia, la inseguridad, la corrupción y la pobreza. Pero más allá del constante enfrentamiento presidencial contra el orden democrático y la destrucción de las políticas y obras de sus antecesores, no se ha concretado ninguna de las maravillas prometidas. Por desgracia y a pesar de los discursos, los hechos confirman que en este siglo casi toda la clase política del color que sea está cortada por la misma tijera.
Desde la época del presidente Benito Juárez se acuñó la frase: “Para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos, justicia a secas”. Es una muy mexicana expresión que no sólo abona a la subcultura de la corrupción y la impunidad, sino que da rienda suelta al uso político de la justicia como mecanismo de persecución, de venganza, de desprestigio y de linchamiento desde el poder contra los opositores y contra los propios caídos en desgracia.
Los intentos serios de modernizar al Sistema de Justicia Penal, para convertirlo en un conjunto de instituciones respetuosas de los derechos humanos, donde el juicio oral cumpla rigurosamente con el debido proceso y la presunción de inocencia, chocan de frente con la inveterada tentación de meter a la cárcel a los enemigos del gobernante en turno para vengarse de quien se le antoje.
Resulta inconcebible que en un país ávido de justicia, que anhela poner fin a la impunidad y castigar de manera ejemplar la corrupción, el uso político de la fiscalía mantenga libres a los delincuentes y persiga a inocentes, llegando al extremo de hacer consultas para ver si se procede contra los ex presidentes de la República u otros “actores políticos del pasado”, cuando bastaría integrar las carpetas de investigación y proceder si se tienen las pruebas correspondientes.
En este sexenio, el uso político de la justicia ha ido de un extremo al otro: desde acusar en una mañanera a diestra y siniestra a opositores, periodistas, líderes sociales y empresarios como corruptos e inmorales -sin aportar prueba alguna que sustente el dicho presidencial-, hasta ordenar la liberación del hijo del Chapo Guzmán para evitar un baño de sangre en Culiacán aunque tal orden quebrante un mandato constitucional.
Si en el sexenio pasado resultó escandalosa la tentativa del ex presidente Peña Nieto de nombrar a Raúl Cervantes Ahumada como su fiscal carnal que aseguraría la impunidad para él y los suyos, en el actual sexenio la justicia ha sido a capricho a partir de una fiscalía invisible: la principal mancha de la actual administración no fue su consulta fallida, sino mantener en la comodidad de su casa a Emilio Lozoya, ex director de PEMEX acusado de financiar ilegalmente la campaña presidencial del PRI en 2012 mediante sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht y de beneficiarse él mismo por la compra fraudulenta de la planta de Agronitrogenados.
México solicitó al gobierno de España la detención y extradición de Lozoya y desde su regreso al país le dio el carácter de testigo colaborador y el beneficio de acogerse al criterio de oportunidad que le ha permitido dedicarse a involucrar a diversos personajes en reales o imaginarias redes de crimen organizado que le han servido al uso político de la justicia del actual gobierno para acusar a varios opositores pero a ningún funcionario del gobierno de su antecesor donde trabajo Lozoya.
El más reciente episodio sobre este uso político fue el video que publicó la semana pasada el ex candidato presidencial del PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, quien primero quiso jugar al espejo con el presidente acusando a López Obrador de querer meterlo a la cárcel para sacarlo a la mala de la sucesión presidencial del 2024 y después anunció, por si las dudas, que estaría fuera una temporada para probar su inocencia, a sabiendas de que, tratándose de un uso político, no hay sistema, juicio, fiscal o juez que valga. Esta mañana, Anaya publicó un nuevo video señalando que recibió un citatorio para presentarse el jueves 26 de agosto en el Reclusorio Norte de la Capital y sabe que, si lo hace, no saldrá del mismo hasta después de que acabe el sexenio.
Ahí está, por antecedente, el encarcelamiento de Rosario Robles quien, más allá de los actos de corrupción señalados en su contra por el tema de la estafa maestra, sigue recluida por la gravísima falta de haberse identificado con una licencia de manejar falsa; algo parecido a lo que le ocurrió al ex gobernador Guillermo Padrés quien terminó en la cárcel tras decidir comparecer voluntariamente a indagar las acusaciones que el régimen priísta hizo en su contra.
Para Rosario Robles, Juan Collado y el Güero Palma no hubo la gracia deparada a Lozoya, a Elba Esther Gordillo, al general Salvador Cienfuegos, a Ovidio Guzmán, o a los integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto. Varios podrían seguir los pasos de los ex gobernadores Javier Duarte, César Duarte y algunos otros ex funcionarios quienes fueron sentenciados, siguen vinculados a proceso o son prófugos de la justicia o de su uso político.
Y como para no dejar dudas sobre el uso de la justicia con fines políticos, el propio presidente López Obrador fue categórico contra Ricardo Anaya: “Si lo acusan y es inocente, que no huya ni se ampare, que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos, pero no presos políticos”. Esta declaración, idéntica a aquella de José López Portillo quien remató diciendo que los políticos no iban a la cárcel por tontos, sino porque se pasaban de listos, es un claro mensaje que dice sin más: si huye es culpable y si no huye, pues terminará en la cárcel.
El problema no es de antes ni es de ahora, es de siempre. Lo de Ricardo Anaya es sólo un caso más como el del gobernador de Tamaulipas, cuyo derrumbe político y electoral muestra que el uso político de la justicia rinde frutos. Más que una acusación es una estrategia política como la que Peña Nieto le hizo al propio Anaya cuando fue candidato presidencial en 2018 o a Josefina Vázquez Mota cuando fue candidata a la gubernatura del PAN a la gubernatura del estado de México en 2017: el uso electoral de la justicia que mantuvo un proceso penal abierto durante la campaña para desprestigiar al candidato oponente y luego de la elección el consabido “usted disculpe, no se comprobó nada”.
Otras versiones del uso político de la justicia sirvieron para mantener a Elba Esther Gordillo en la cárcel el sexenio pasado; para justificar el Quinazo de Carlos Salinas; para procesar a Jorge Díaz Serrano y Arturo Durazo, incluso para exiliar a Plutarco Elías Calles evitando que le hiciera sombra al general Lázaro Cárdenas. Todos estos y muchos otros personajes fueron tan culpables como otros que recibieron la gracia por haberse mantenido cerca del poder. Este México de la impunidad y la corrupción de la justicia es el que debe cambiar: para ello, se necesita una nueva generación de gobernantes que ponga en práctica una forma distinta de hacer política.
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