En México, el abandono no solo se mide por los enfermos sin medicamentos, por las madres buscadoras sin apoyo, por los comerciantes extorsionados o por las víctimas que pasan años suplicando justicia. El abandono también aparece cuando el poder decide perseguir a alguien y quienes deberían defender los principios se esconden.
El gobierno ha demostrado una velocidad selectiva que ofende. Para algunos casos, la justicia camina como si estuviera enferma, cansada o domesticada. Para otros, corre, embiste, detiene, exhibe y destruye reputaciones antes de que exista una sentencia.
Cuando se trata de personajes incómodos para el poder, aparecen las fiscalías, las órdenes de aprehensión, los comunicados, las filtraciones, las audiencias interminables y la prisión preventiva. Pero cuando los señalamientos tocan al entorno del poder, entonces todo se vuelve prudencia, silencio, investigación reservada, falta de pruebas, carpetas congeladas o explicaciones oficiales que nadie puede contrastar.
Ese es el verdadero escándalo: no que se investigue a un opositor, sino que no se investigue con la misma fuerza a todos.
Si Ernesto Ruffo debe responder ante la justicia, que responda. Si hay pruebas, que se presenten. Si cometió delitos, que se castigue. Nadie debe pedir impunidad para nadie. Pero si el gobierno puede mover al aparato penal con esa contundencia contra un exgobernador panista, entonces debe hacerlo con la misma energía frente a los casos que rodean a sus protegidos, sus aliados, sus operadores y sus familiares políticos.
Porque el país no puede aceptar una justicia que ruge contra los adversarios y susurra frente a los cercanos.
Ahí están los señalamientos por huachicol fiscal que han tocado nombres incómodos para el régimen. Ahí están las empresas, los permisos, los barcos, los carrotanques, los pedimentos, los supuestos combustibles disfrazados de otra mercancía y las redes que no se explican sin aduanas, autoridades, contactos y protección. Ahí están los nombres que aparecen en investigaciones periodísticas y que el gobierno se apresura a negar, pero no a esclarecer con la misma transparencia con la que exhibe a sus adversarios.
La pregunta es brutal, pero necesaria: ¿por qué unos son detenidos y otros solo son desmentidos desde la mañanera? ¿Por qué unos enfrentan prisión, jueces y Fiscalía, mientras otros reciben frases protectoras, silencios convenientes o investigaciones que nunca terminan de tocar la puerta correcta?
No se trata de absolver a Ruffo. Se trata de exigir la misma vara para todos.
Y ahí es donde el PAN también falla de manera vergonzosa.
Porque mientras el gobierno usa la justicia como garrote político, el PAN parece pedir permiso para indignarse. Sus dirigentes deberían estar amontonados en la Fiscalía, no para exigir impunidad, sino para exigir justicia pareja. Deberían estar ahí con abogados, legisladores, documentos, denuncias, micrófonos y expedientes bajo el brazo. Deberían estar gritando que se investigue todo: a Ruffo, a Ingemar, a los operadores del huachicol fiscal, a las empresas cercanas al poder, a los amigos de los hijos del expresidente, a los funcionarios de aduanas, a los militares, a los políticos, a los empresarios y a cualquiera que haya participado.
Pero no. El PAN suele hacer lo de siempre: calcula.
Calcula si conviene defender. Calcula si lo van a criticar. Calcula si se ve mal. Calcula si el acusado es popular o incómodo. Calcula si el costo mediático vale la pena. Calcula tanto que termina abandonando.
Y ese abandono es cobardía.
“Nadie por encima de la ley”, dicen algunos panistas para sonar decentes.
Correcto. Nadie por encima de la ley. Pero tampoco nadie por debajo del abuso. Tampoco nadie condenado por filtración. Tampoco nadie convertido en trofeo político. Tampoco nadie encerrado mientras los expedientes del poder duermen bajo llave.
Defender el debido proceso no es defender delitos. Exigir pruebas no es pedir impunidad. Acompañar a un perseguido no significa declararlo inocente. Significa defender una regla básica de la civilización: el Estado no puede castigar primero e investigar después.
El PAN presume doctrina, dignidad humana, bien común, Estado de derecho y defensa de la persona frente al abuso del poder. Pero cuando el abuso del poder toca a uno de los suyos, demasiadas veces el partido se vuelve tibio, burocrático, miedoso. Emite comunicados. Pide que se investigue. Guarda distancia. Se lava las manos.
Son amigos mientras no los persigan. Son compañeros mientras no haya riesgo. Son solidarios mientras la solidaridad no exija carácter.
Pero cuando llega la Fiscalía, cuando aparece una orden de aprehensión, cuando el poder fabrica una narrativa, cuando el linchamiento comienza, entonces muchos se hacen a un lado. Y el perseguido descubre que estaba acompañado para la foto, pero solo para la batalla.
Eso no es prudencia. Es traición política.
El PAN no debería estar escondido. Debería estar en la Fiscalía exigiendo que se abran todos los expedientes. Debería exigir que se investigue el huachicol fiscal completo, no solo el pedazo que le conviene al gobierno. Debería exigir que se transparenten permisos, pedimentos, cartas porte, empresas importadoras, beneficiarios finales, aduanas, contratos, pagos y responsables políticos.
Debería preguntar todos los días por qué se actúa con fuerza contra unos y con suavidad frente a otros.
Debería exigir que los casos que involucran al entorno del poder no se congelen. Que no se archiven. Que no se diluyan. Que no terminen, como tantas veces, en una frase cómoda: “no hay elementos”.
Porque cuando el poder protege a los suyos y persigue a los otros, ya no estamos frente a justicia. Estamos frente a administración política del castigo.
Y cuando la oposición guarda silencio ante eso, deja de ser oposición y se convierte en espectadora.
México no necesita un PAN que tema defender el debido proceso. No necesita un PAN que se avergüence de exigir justicia pareja. No necesita un PAN que se esconda cada vez que el gobierno enseña los dientes. Necesita un PAN que entienda que una oposición no se mide solo por sus votos, sino por su capacidad de defender principios cuando defenderlos cuesta.
El PAN debe regresar a sus principios y recordar que no basta con querer ganar elecciones; también hay que defender a los abandonados antes, durante y después de las campañas.
Y hoy los abandonados no son solo los enfermos, los desaparecidos, los extorsionados o las víctimas invisibles. También lo son aquellos que, culpables o inocentes, son arrojados solos frente a un aparato penal que puede estar actuando con cálculo político.
Que se investigue todo. Que se castigue a todos. Que caiga quien tenga que caer.
Pero que no se use la justicia como garrote contra unos y como cobija para otros.
Porque si el gobierno persigue selectivamente y el PAN se esconde cobardemente, el ciudadano queda atrapado entre dos miserias: el abuso del poder y el abandono de quienes juraron enfrentarlo.
