Línea 12: Negligencia imperdonable

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Por: Alejandro Zapata Perogordo

La trágica catástrofe ocurrida hace unos días en la línea 12 del metro, conocida bajo el nombre de “línea dorada”, donde perdieron la vida más de 25 personas y alrededor de 90 lesionados, constituye una eventualidad producto de la negligencia de múltiples servidores públicos.

En efecto, desde que inició el servicio del metro en esos tramos, tuvieron pleno conocimiento de una mala planeación, así como deficiencias en el diseño y construcción, motivo por el cual constantemente derivado de esas irregularidades había cierres, reparaciones y controversias.

No obstante, haberse proyectado una inversión de aproximadamente mil setecientos millones de dólares, terminó con un costo de dos mil seiscientos, una de las obras más onerosas en la historia de México, instrumentada, ejecutada y puesta en servicio con los consecuentes riesgos, ahora materializados.

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Los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México tenían pleno conocimiento de la situación, desde hace tiempo se había advertido que las fallas endémicas de la línea requerían mantenimiento permanente, en sus tres dimensiones: el preventivo, predictivo y correctivo, para evitar una desgracia, lo que finalmente ocurrió.

Tanto vecinos del lugar, como algunos servidores públicos señalaron meses antes, que el franco deterioro y estado de la infraestructura, los conducía a augurar la posibilidad latente de un siniestro, nunca fueron escuchados, la prioridad fue la austeridad, aunque se sacrificara el mantenimiento y, como aconteció, terminaron sacrificando también vidas humanas.

Los argumentos de las autoridades nos remiten a dos aspectos, el primero la no politización de la desgracia; y el segundo, a esperar los resultados de peritajes que han ordenado realizar, para deslindar responsabilidad, omiten hablar en relación con todos los antecedentes del caso.

En principio, al tratarse de una obra pública hecha con enormes deficiencias y fallas, es lógico que esa acción se encuentra estrechamente vinculada a la actividad política, máxime que su proyección, planeación, aprobación y ejecución fue decisión de políticos, algunos de ellos aun en activo y, los recursos provenían del erario.

Además, la Jefa de Gobierno, anunció el pago de una indemnización a los deudos de las personas fallecidas en el lamentable accidente, condición que implica el reconocimiento de una responsabilidad objetiva y directa del Estado, lo que desde luego su significado no puede atribuirse a una graciosa concesión, sino a una obligación reparatoria proveniente del daño causado.

Así las cosas, existen dos hechos relevantes que han privado de la vida a veinticinco personas inocentes y ajenas a la negligencia imperdonable del gobierno de la Ciudad de México, consistentes en la mala calidad de la obra y, por otra, la falta del mantenimiento de esta, ambas poniendo en peligro a cientos de miles de usuarios, que lamentablemente esas conductas cobraron factura.

Ahora para colmo de males, resulta que nadie es directamente responsable, la negligencia se oculta con la complicidad, ni siquiera aceptaron un acompañamiento en las investigaciones de una comisión de legisladores, sin embargo, reclamamos una respuesta y exigimos una justicia rápida, expedita y completa, por salud pública.


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