En medio de los crecientes escándalos de corrupción y conflicto de interés en los que están hundidos el presidente Peña y su gobierno, se hace cada vez más necesaria la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción basado en la iniciativa que presentó Acción Nacional junto con diversas organizaciones de la sociedad civil.
En el Pacto por México, firmado hace más de dos años, los compromisos 85 y 86 hacían clara referencia a la necesidad de crear “un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción”, así como “un Consejo Nacional para la Ética Pública con la participación de diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción”.
Sin embargo, el presidente Peña ha desdeñado estos compromisos una y otra vez. Por ello se atrevió a afirmar en agosto pasado que el ciclo reformista de México había concluido, aun cuando la reforma anticorrupción no había sido aprobada y, por ello mismo, su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados esta semana acaba de intentar darle un golpe mortal a la propuesta de Sistema Nacional Anticorrupción, que apenas hace unos días, dentro de su decálogo de propuestas, el propio Presidente se comprometió a apoyar. La contrapropuesta de los diputados del PRI está diseñada para que el Estado siga siendo omiso frente a la corrupción y la impunidad. Entre los principales errores que su contrarreforma incluye se encuentran: 1) Que el consejo del sistema anticorrupción esté encabezado por el Presidente de la República, los integrantes de su gabinete y los gobernadores trasladando funciones clave para el combate a la corrupción a este órgano que por su propia integración y naturaleza política no ejercerán nunca; 2) que el secretario de la Función Pública sea nombrado por el propio Presidente, sin intervención del Congreso, como había sido propuesto por el PAN, con el fin de que este funcionario verdaderamente represente un contrapeso y pueda ejercer con libertad sus funciones; 3) que los encargados de los órganos de control interno de las distintas dependencias sean nombrados por el propio titular de la dependencia sin quitarles las funciones sustantivas de investigación y sanción que bajo ese esquema de nombramiento tampoco ejercerán; 4) dejar de fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación en asuntos fundamentales para la mayor eficacia en el combate a la corrupción, como permitirle hacer auditorías durante el mismo año de ejercicio, entre otros.
Las modificaciones a la propuesta original del sistema anticorrupción cancelan toda posibilidad de autonomía y funcionalidad, ya que el principio básico de toda instancia es que el encargado de sancionar no sea juez y parte.
Sin autonomía y contrapesos, el combate a la corrupción se convierte en un acto de simulación, como sucede con la gran mayoría de contralores municipales, estatales y federales, cuyo jefe es al que deben vigilar y sancionar, pero no lo hacen por el grado de dependencia jerárquica que guardan.
La contrarreforma priista es, claramente, un acto de simulación que desoye el clamor social de cambio y echa por la borda todo esfuerzo de verdadero combate a la corrupción. En palabras de Mauricio Merino, coordinador de la Red de Rendición de Cuentas, el predictamen del PRI “es una tomada de pelo con una fuerte carga autoritaria”.
El presidente Peña se tardó dos años en entender que sin seguridad el alcance de las reformas estructurales se diluye; ¿cuánto tardará en comprender que la corrupción ahuyenta la inversión y la creación de empleo?; ¿cuándo se dará cuenta que la corrupción se ha convertido ya en el principal obstáculo para el progreso del país?
Si el Presidente está verdaderamente preocupado por devolver la seguridad al país y retomar el camino del desarrollo, entonces debe dejar de obstaculizar la reforma anticorrupción.
Los ciudadanos ya no soportan más cinismo ni dobles discursos. El grupo parlamentario del PRI tiene que asumir su responsabilidad en estos difíciles momentos del país y, en vez de construir esquemas de impunidad, debe abrir espacios de acuerdos con otros partidos y con la sociedad civil para facilitar un sistema nacional anticorrupción eficaz. Aquí es donde se juega la posibilidad de renovar la descompuesta vida política de México.
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