Hace nueve días que la Ciudad de México no tiene jefe de policía. Más allá de la pila de nombres que se manejan para ser propuestos y los muy pocos que podrían cumplir con el perfil, seguimos sin conocer la explicación oficial de cuál o cuáles son las razones para aceptarle o pedirle la renuncia a Rodríguez Almeida.
Entre más tiempo pase más difícil será explicar si lo despidieron, como se ha especulado, por la última de sus polémicas declaraciones: “Le guste a quien le guste”, al felicitar la actuación y valor demostrado por sus policías en las manifestaciones del pasado 20 de noviembre, o si hay elementos para cesarlo porque permitió y alentó la violencia extrema contra los manifestantes.
Cabe destacar que estamos hablando del mismo cuerpo policiaco al que el PRD le ha negado la creación de protocolos definidos de actuación y le ha pedido que soporte humillaciones y agresiones, tales como la de aguantar ser quemado impunemente por los vándalos sin poder tirar ni medio toletazo, todo para que, como afirma su líder nacional, nadie vaya a pensar que esta no es la ciudad de las libertades.
Rodríguez Almeida es un buen policía. Los índices delictivos negativos como los del Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión 2014 del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que de enero a octubre de este año se registraron en el DF mil 824 delitos, principalmente homicidios y extorsiones, no puede ser sólo culpa del exjefe de la policía.
Tiene que ver con la incapacidad del gobierno federal para hacer su trabajo, la imposibilidad de articular un plan coordinado con el Estado de México, cuyo gobierno está desbordado por el crimen organizado, la ausencia de una nueva estrategia de ofensiva para proteger a la ciudad, porque la de contención del Escudo Centro ya fue horadada, como lo demuestra lo que está ocurriendo en la zona del Ajusco, y con la mala preparación y capacitación policiaca, las condiciones del armamento y equipamiento con el que trabajan, que según sus propias declaraciones, pagan con su salario desde la reparación de las patrullas hasta las hojas en las que imprimen sus reportes.
El crimen se mueve con el segundero, mientras que el gobierno perredista lleva 216 horas, más las que se acumulen, sin nombrar secretario de Seguridad Pública. Me inclino más a pensar que es porque no encuentran al hombre o mujer con el perfil ideal.
Ellos mismos han complicado en su laberinto partidista la ecuación; al policía–policía lo corrieron porque no fue un policía–político, y ahora la horda amarilla, sólo para quedar bien con sus clientelas, reclaman un policía–policía–político, pero especialista en derechos humanos. Espero que lo encuentren pronto, pero entre los nombres que se manejan seguro no está.
Alrededor de 93 mil agentes esperan conocer quién será su nuevo líder, el DF tiene la fuerza policial más numerosa del país, diez por cada mil habitantes, que ya quisieran los demás estados del país, que en promedio apenas suman 1.3 por cada mil habitantes.
Mover un alfil es una jugada que no resuelve el juego, y estoy seguro de que el jefe de Gobierno lo sabe. Pero entiende que el movimiento puede definir la partida contra el crimen y el juicio ciudadano de su trabajo en la materia, por lo que la nominación del remplazo debe acompañarla del anuncio de una nueva estrategia de gran alcance y que contemple la coordinación de las fuerzas en todos los niveles de gobierno. Incluyendo el reconocimiento de que el crimen organizado opera ya en la ciudad, cosa que los obcecados diputados perredistas se empeñan en negar, al tiempo que rechazan las nuevas herramientas de ley que los legisladores del PAN, asumiendo nuestra corresponsabilidad en el tema, hemos propuesto para enfrentarlo.
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