El caso del gobernador sinaloense hoy con licencia y exonerado de antemano, Rubén Rocha Moya, dejó de ser un asunto de litigio mexicano y pasó a ser un punto central que va a poner a prueba la estridencia mediática bilateral del presidente Donald Trumpp. Hay tres puntos concretos:
1.- La solicitud de aprehensión con fines de extradición que envió el Gobierno de Estados Unidos contiene apenas una probadita del expediente que elaboró la Fiscalía americana a partir –sobre todo– de informaciones entregadas por Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, Ismael El Mayo Zambada y una larga lista de narcos que se encuentran en prisiones americanas.
2.- La solicitud estadounidense hubo de procesar los alcances del procedimiento oficial: pedir la extradición de un gobernador, un senador, un alcalde en funciones y otros funcionarios dejó entrever la punta del iceberg de las intenciones de EU de judicializar el caso en el escenario de las percepciones y declaraciones del presidente Donald Trump respecto del eje político-estratégico-diplomático-vecinal-de seguridad nacional que implica poner bajo la lupa de la justicia transnacional americana a la famosa lista negra de narcopolíticos mexicanos sino de afectar al grupo político del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
3.- El presidente Trump tendrá que decidir los pasos siguientes una vez que las autoridades judiciales y diplomáticas de México exoneraron a un gobernador en funciones de todas las acusaciones de la solicitud de aprehensión con fines de extradición y sólo después de esa declaratoria oficial se tomó la decisión política de López Obrador-Morena-Sheinbaum Pardo de permitir la solicitud de licencia, cuando lo inmediato, legal y firmado en tratados era la renuncia total al cargo, el arresto físico de los inculpados y la entrega a EU del detenido. El dilema urgente de Trump es pasar al siguiente desafío: autorizar una incursión extraterritorial con base en sus propios documentos oficiales para arrestar a los once presuntamente inculpados o sentarse diplomáticamente a esperar que las autoridades mexicanas a su muy leal saber y entender investiguen un expediente que de antemano fue calificado de insuficiente.
Sean cuales sean los siguientes pasos de la Casa Blanca, México –es decir: los mexicanos, la oposición, el expresidente López Obrador, la presidenta Sheinbaum Pardo y el partido Morena– tendrán que decidir si también aquí le dan vuelta a la página, reafirman la derrota contundente de Trump y la justicia estadounidense y ni siquiera se toman previsiones para evitar la advertencia que aparece de manera pública y no escondida en el expediente de extradición de que el narcotráfico en México está metido ya en las estructuras políticas y de poder.
Todo el futuro de la sociedad mexicana y del Gobierno morenista depende de la decisión oficial de asumir a los tres principales inculpados por ahora –gobernador, senador y alcalde– como víctimas de los abusos de poder de la Casa Blanca, a pesar de las evidencias públicas del propio Rocha Moya de haber aceptado pactos políticos con los cárteles del narcotráfico y de negociaciones que permitieron la expansión estadunidense de los dos diferentes grupos de narcos en Sinaloa, desde luego en toda la República y en las representaciones formales del cártel del Chapo y del cártel del Mayo como estructuras de poder que de acuerdo con evaluaciones oficiales del DEA controlan en EU el contrabando de droga proveniente de México, su distribución en los 50 estados de la Unión americana, la venta al menudeo en más de tres mil ciudades y sobre todo el lavado de los recursos del narco para beneficio de los propios cárteles.
Las opciones que tiene ante sí Rocha Moya y coacusados son pocas: o se entregan a la justicia estadounidense o se les declara no-culpables y llegan al punto de que el gobernador y el alcalde puedan regresar tranquilamente a sus cargos públicos a continuar ejerciendo el poder, pese al desprestigio de confesiones y acusación. La tercera opción seguirá latente: el modelo Maduro y Mayo Zambada de fijar una recompensa que permita su captura en modo de secuestro en territorio mexicano como presuntos delincuentes requeridos por la justicia americana, esa práctica de cazarrecompensas que viene desde la época del viejo oeste americano.
Lo ocurrido con el caso Rocha Moya desde el 29 de abril a hoy 4 de mayo ha mostrado la derrota política de López Obrador y Morena por el saldo negativo en la conversación mediática y el debate público. Y falta por ver una agudización de la violencia delictiva en Sinaloa que ha venido ensangrentando las calles de la entidad desde el operativo avalado por el gobernador Rocha Moya de secuestro de El Mayo Zambada para ser entregado a las autoridades americanas.
Con la decisión mexicana de negar –hasta hoy– el arresto y la extradición de tres narcopolíticos, la pelota pasa a la cancha del presidente Trump.
Política para dummies: la política se destruye cuando el poder se ejerce de manera absolutista.
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