El constitucionalismo contemporáneo atraviesa una fase de degradación populista que amenaza con transformar la norma fundamental en un catálogo de deseos líricos. Bajo la apariencia de una expansión humanista, la clase política mexicana —desde Movimiento Ciudadano hasta Morena— ha iniciado una carrera por la «manufactura de prerrogativas» que carece de sustento fiscal, técnico y jurídico. Propuestas como el «derecho a entender» o el «derecho al cine» no son conquistas sociales; son herramientas de seducción electoral que erosionan la seriedad del Estado.
La fricción es evidente: estamos ante una colisión entre la retórica del bienestar y la aritmética presupuestaria. Cuando un legislador eleva una actividad cotidiana o una necesidad administrativa al rango de derecho constitucional, no está empoderando al ciudadano; está devaluando los derechos fundamentales preexistentes. Si todo es un derecho, nada es una prioridad. En un país con recursos finitos, la asignación de presupuesto para garantizar el «derecho al cine» implica, necesariamente, la sustracción de recursos de áreas críticas como la salud o la seguridad. Es la tiranía de lo trivial sobre lo vital.
Desde una perspectiva de sociología política, este fenómeno se denomina «fetichismo legalista». El legislador cree que el acto de nombrar una realidad en la ley la crea automáticamente en la práctica. Sin embargo, el derecho a la información pública ya contiene implícitamente la obligación de claridad; pretender crear un nuevo derecho para «entender» es confesar la incompetencia crónica de la burocracia para comunicarse. Peor aún, esta inflación de derechos genera una falsa expectativa que, al no cumplirse por la inviabilidad financiera, deriva en una desafección democrática profunda. El ciudadano, harto de promesas de papel, termina por despreciar la institucionalidad entera.
La contradicción más peligrosa reside en la potencial restricción de libertades. Al convertir sectores culturales o de servicios en «derechos» tutelados por el Estado, se abre la puerta a una intervención estatista que puede asfixiar la libre competencia o la libertad de elección, bajo el pretexto de garantizar el acceso universal. Estamos ante un modelo de gobierno que prefiere la estética del decreto sobre la ética de la gestión. La política se ha convertido en una disciplina de relaciones públicas donde la moneda de cambio son derechos sin fondos, promesas sin infraestructura y leyes sin orden. Para la universidad y la academia, el reto es denunciar este populismo jurídico antes de que la Constitución se convierta en un simple panfleto de propaganda.
