El senador de Morena, Enrique Inzunza, enfrenta una acusación formal de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, según reportes de El Universal. La información revela que sus abogados han iniciado acercamientos con el Departamento de Justicia estadounidense para explorar su rol como testigo cooperante. Este desarrollo, de confirmarse, podría intensificar la crisis interna en Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum, apenas en sus primeros meses. El caso expone vulnerabilidades en el partido gobernante, cuestionando su integridad institucional y la capacidad de respuesta del Ejecutivo.
Desde la óptica oficialista, Morena minimiza el impacto. Voceros del partido argumentan que las acusaciones son parte de una persecución política orquestada por intereses extranjeros, reminiscentes de casos como el de Genaro García Luna. Inzunza, exfiscal de Nayarit y figura clave en la Comisión de Seguridad del Senado, niega cualquier vínculo delictivo y califica las imputaciones como «infundadas». Sus defensores destacan que la cooperación con EE.UU. no implica culpabilidad, sino una estrategia legal para desvirtuar cargos. Sheinbaum, por su parte, ha evitado pronunciamientos directos, limitándose a enfatizar la presunción de inocencia y la soberanía judicial mexicana. Esta postura busca contener el daño, preservando la narrativa de «transformación» sin fracturas visibles.
Críticos opositores, como el PAN y PRI, ven en esto un agravamiento inevitable de la podredumbre moral en Morena. Argumentan que la posible delación de Inzunza desataría una cascada de revelaciones sobre financiamiento ilícito y complicidades en el partido. Figuras como Xóchitl Gálvez han exigido su expulsión inmediata y una auditoría interna, advirtiendo que el gobierno Sheinbaum hereda la «narcopolítica» de López Obrador. Analistas independientes señalan precedentes como el de Cártel de Sinaloa, donde testigos cooperantes han expuesto redes transfronterizas. Si Inzunza colabora, podría implicar a otros morenistas en lavado de dinero o protección a capos, erosionando la legitimidad del 4T ante un electorado que prioriza la seguridad.
La dualidad de interpretaciones genera polémica: ¿es Inzunza un chivo expiatorio de la «guerra sucia» yanqui, o el primer dominó en el colapso de Morena? Por un lado, sus aliados insisten en que EE.UU. busca desestabilizar al gobierno progresista, citando tensiones bilaterales por migración y fentanilo. Por el otro, detractores exigen responsabilidad total, recordando que Morena prometió erradicar la corrupción. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga paralelamente, pero su lentitud contrasta con la agilidad estadounidense, alimentando dudas sobre autonomía judicial.
Este escándalo no solo pone en jaque la cohesión partidista —con posibles suspensiones o renuncias—, sino que reaviva debates sobre la reforma judicial y la extradición. Sheinbaum enfrenta su primera prueba de fuego: ¿expulsar a Inzunza para limpiar imagen, arriesgando lealtades internas, o defenderlo y tolerar el desgaste? La resolución definirá la resiliencia del morenismo ante escrutinio internacional.
