La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, reconoció este 27 de abril de 2026 ante el Senado que la cifra negra de delitos en México es “muy alta”. Según datos del INEGI, en determinados delitos la falta de denuncia rebasa el 90% y alcanza incluso el 95%. La principal causa, según la funcionaria, es la profunda desconfianza de las víctimas en las instituciones: “Muchos ciudadanos no denuncian porque no creen que habrá justicia”.
Esta admisión oficial confirma lo que millones de mexicanos viven diariamente. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI revela que de los millones de delitos cometidos cada año, solo una fracción mínima llega a una carpeta de investigación y una porción aún menor obtiene sentencia. La impunidad no es un dato aislado: es la norma que desprotege a la sociedad.
Una postura sostiene que esta realidad refleja el fracaso estructural del sistema de justicia. A pesar de reformas constitucionales y promesas de transformación, las fiscalías siguen mostrando bajos índices de judicialización. La corrupción percibida, la lentitud de los procesos y el miedo a represalias convierten la denuncia en un acto inútil o riesgoso para muchas víctimas. En este sentido, la alta cifra negra erosiona la legitimidad del Estado y deja a la población expuesta al crimen sin protección efectiva. Críticos argumentan que reconocer el problema sin soluciones concretas y medibles solo profundiza la frustración ciudadana.
Otra visión defiende que la fiscalía enfrenta un entorno complejo marcado por el crimen organizado, la sobrecarga de casos y recursos limitados. Godoy ha señalado esfuerzos para mejorar la actuación institucional y reducir la cifra negra, insistiendo en que la responsabilidad recae también en fortalecer la confianza a través de mejores investigaciones y mayor cercanía con la ciudadanía. Para esta perspectiva, el reconocimiento público es un primer paso necesario para diseñar políticas correctivas, aunque admiten que los resultados han sido insuficientes hasta ahora.
El debate genera indignación porque afecta directamente la vida cotidiana. Cuando nueve de cada diez delitos quedan en la oscuridad, las estadísticas oficiales de “baja” en ciertos delitos pierden credibilidad. Las víctimas de robo, extorsión, violencia familiar o agresiones sexuales enfrentan la doble victimización: el delito y la certeza de que el sistema no responderá. Esta desconfianza alimenta un círculo vicioso: menos denuncias significan menos investigaciones, menos detenidos y mayor percepción de impunidad, lo que desincentiva aún más la colaboración ciudadana.
Especialistas advierten que una cifra negra tan elevada distorsiona la planeación de políticas de seguridad y permite que el crimen prospere en la invisibilidad. Mientras las autoridades destacan detenciones o decomisos, la realidad para la mayoría de los mexicanos es que denunciar equivale a perder tiempo y exponerse sin resultados. La polarización surge cuando se cuestiona si el problema es de capacidad institucional o de prioridades políticas.
El reconocimiento de Godoy pone en evidencia un desafío nacional urgente. Sin una reforma profunda que restaure la confianza —mediante mayor transparencia, eficiencia y responsabilidad de los servidores públicos— la justicia seguirá siendo un privilegio de pocos. La sociedad mexicana exige no solo admitir la magnitud del problema, sino resultados tangibles que rompan el ciclo de impunidad. De lo contrario, la cifra negra no solo ocultará delitos, sino también la erosión misma del contrato social.
